El escándalo de Orán: Cuando el guardián se vuelve vulnerable

El reciente escándalo que sacude a la Brigada de Drogas Peligrosas de Orán, con la separación de 21 policías por la presunta sustracción de dinero en efectivo que superaría los 60 millones de pesos, fondos provenientes  presumiblemente de incautaciones al narcotráfico, no es solo una noticia policial. Es un rotundo y doloroso fracaso institucional que desnuda un problema estructural mucho más grave: la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad y resguardo de los elementos secuestrados al crimen organizado.

Orán, por su ubicación estratégica en la frontera, es un punto clave en la lucha contra la narcocriminalidad. Por ello, la División de Drogas Peligrosas debería ser un baluarte de la integridad y la eficiencia. Sin embargo, lo que se ha puesto en evidencia es la porosidad de un sistema que permite que millones de pesos, destinados a ser prueba en la justicia, se esfumen de las manos de quienes deberían custodiarlos.

La Fragilidad de la Cadena de Custodia

El hurto de un monto tan significativo de dinero no es un acto aislado de unos pocos efectivos deshonestos; es la consecuencia directa de una gestión de seguridad deficiente y protocolos de resguardo laxos o directamente inexistentes. La cadena de custodia de bienes y estupefacientes secuestrados es la columna vertebral de cualquier investigación narco. Si esta cadena se rompe, se pierde la prueba, se debilita la causa judicial y, lo que es peor, se siembra la duda sobre la transparencia de toda la fuerza de seguridad.

Cuando el dinero y la droga incautada no son debidamente inventariados, sellados, y depositados bajo un control riguroso y multifacético, se crea un “agujero negro” institucional, una tentación abierta y un caldo de cultivo para la corrupción. El narcotráfico no solo corrompe por medio del soborno, sino que también se aprovecha de las fallas internas del sistema.

Más que Indignación, se Exige Reestructuración

La respuesta de las autoridades debe ir más allá del simple repudio o la separación de los efectivos. Es imperativo someter a una revisión exhaustiva y urgente todos los procedimientos de la brigada: desde el momento de la incautación en el terreno hasta el depósito final de los bienes.

• Auditoría Externa Permanente: Se necesita un sistema de control externo, probablemente con la participación de la Justicia Federal o un organismo de control independiente, que fiscalice los depósitos de seguridad de manera sorpresiva y regular.
• Protocolos de Trazabilidad Digital: Implementar sistemas digitales y de alta seguridad para la trazabilidad de cada elemento secuestrado, minimizando la intervención humana en la documentación de su custodia.
• Capacitación y Evaluación Constante: Reforzar la formación en ética y legalidad, junto con evaluaciones de confianza y patrimoniales periódicas para el personal que maneja pruebas sensibles.

La sociedad oranense, que convive con la amenaza constante del narcotráfico, merece una fuerza policial en la que pueda confiar plenamente. Un escándalo de esta magnitud no solo es un golpe bajo a la lucha contra el crimen organizado; es una burla al esfuerzo de los efectivos honestos y una peligrosa señal de que el sistema de control ha sido superado.

El caso de los 21 policías de Orán debe ser un punto de inflexión. Si no se actúa con la máxima firmeza y se reestructuran los protocolos de raíz, seguiremos abriendo la puerta a que el crimen organizado corrompa a quienes tienen el deber de combatirlo, condenando a la frontera a una lucha desigual y sin credibilidad.

A esto solo le queda una interrogante ¿Considera usted que la intervención de una fuerza federal en las investigaciones sobre corrupción policial es una medida suficiente o se necesita una reforma más profunda de los mecanismos de control interno?