Entre la Legítima Defensa y la Falta de Herramientas: La Encrucijada de la Fuerza Policial en Orán

El reciente incidente en Orán, donde un efectivo policial se vio obligado a efectuar un disparo para repeler una agresión, vuelve a poner en el centro del debate una realidad cruda y urgente: la vulnerabilidad de nuestros agentes de policiales y la deficiencia en el equipamiento que permita la gradualidad en el uso de la fuerza.

Es innegable que los miembros de la fuerza de la policía de Salta, están en la primera línea frente a la violencia. Diariamente, exponen su integridad física y, en ocasiones, su vida, al intervenir en situaciones de alto riesgo. El hecho sucedido en Orán es un recordatorio severo de que, en una fracción de segundo, un policía puede pasar de ser el garante del orden a ser la víctima de un ataque. En ese escenario crítico, donde la amenaza es inmediata y real, el recurso del arma de fuego se convierte, tristemente, en la última y única opción de defensa vital que tienen a su alcance los efectivos.

La Trampa del Armamento Limitado

El problema de fondo, que trasciende este caso particular y se extiende a la realidad policial en gran parte del país, es la alarmante carencia de elementos intermedios para la disuasión y el control de agresiones. ¿Por qué un policía se ve forzado a optar entre el uso de su arma reglamentaria, obviamente potencialmente letal, o el riesgo de ser gravemente herido o incluso asesinado? La respuesta es sencilla: porque el Estado no les provee las herramientas adecuadas para la gradualidad de la fuerza.

El concepto de "gradualidad" es fundamental en el uso policial de la fuerza. Implica que el agente debe poder responder a la agresión con un nivel de fuerza proporcional y decreciente, utilizando primero métodos verbales, luego elementos no letales, como bastones extensibles, tasers, o proyectiles de impacto no letal, y reservando el arma de fuego solo para situaciones donde su vida o la de terceros corra peligro inminente.

Exigir Herramientas, No Solo Responsabilidades

En la práctica, muchos de nuestros efectivos solo cuentan con su arma de fuego y su cuerpo. Cuando la resistencia o la agresión de un tercero escala, el salto directo al uso del arma letal no es una elección deseada, sino una imposición trágica generada por la falta de recursos intermedios. Este vacío de equipamiento coloca al policía en una situación legal y moralmente compleja: si se excede, es juzgado; si no actúa con la suficiente contundencia, es herido o peor.

Es hora de dejar de debatir únicamente la responsabilidad individual del agente que dispara, para enfocar la crítica en la responsabilidad estatal de no dotar a su fuerza policial con el equipamiento, la capacitación y los protocolos que permitan una respuesta más matizada y humana.

La sociedad exige, con justicia, que la policía utilice la fuerza de manera racional y limitada. Pero esa exigencia resulta vacía si, al mismo tiempo, se les niegan las herramientas para lograrlo. El caso de Orán es una llamada de atención ineludible: para proteger a la ciudadanía, primero debemos proteger y equipar adecuadamente a quienes nos protegen. Esto significa invertir en elementos no letales y en formación continua en gestión de crisis y escalada de la fuerza. Solo así se reducirán las situaciones donde el último recurso, el disparo, se convierta en la única defensa disponible.