Las adicciones del canal de la Esteco son tratadas desde la impericia, sin respetar a la ley de Salud Mental

Las adicciones en Salta, aún, no son consideradas como establece la ley nacional de Salud Mental, un problema de la salud pública.

La norma solicita para las adicciones tener un enfoque humanizado, el respeto a la autonomía de la persona para tomar decisiones, la posibilidad de vivir en la comunidad y la búsqueda de tratamientos que no aíslen al paciente.

La banalidad y la impericia del "funcionarato" (conjunto de burócratas que no aportan a la función administrativa) no sabe leer a la ley que exige al Estado tomar las adicciones con una política pública continuada, financiada, dotada de personal que las atienda y con una planificación sustentable, por lo menos. Entonces querer desalojar del canal de la Esteco a un grupo de adictos en situación de calle, hipermarginales sociales, será un acto coyuntural aplicado a una situación estructural. 

Las razones para el desalojo son las correctas: atender la cuestión de seguridad urbana. Pero también, a la seguridad urbana se la debe complementar con el abordaje social y sanitario de esas personas que viven en la absoluta indigencia.

Enviar al lugar solo a la policía para el objetivo, sin dar soluciones de fondo al problema, significa que los adictos quedarán únicamente en la categoría de  contraventores porque la provincia carece hoy de un Dispositivo de Intervención Territorial en Crisis (DITEC), que es integrado por operadores de salud mental, promotores comunitarios y equipos de reducción de daños.

Urge contar con un DITEC que esté a disposición del municipio de la ciudad porque tiene jurisdicción en los barrios con muchas urgencias en adicciones. El dispositivo puede contener a personas vulnerables y ayudarlas en la localización de un hábitat para sacarlas de los lugares públicos que ocuparon ilegalmente.

El canal de la Esteco se ha convertido en un refugio informal para personas con consumo problemático, lo que indica una falla estructural en la red de atención en salud mental y adicciones. La acumulación de colchones, preservativos y basura sugiere condiciones de vida insalubres y riesgo epidemiológico.

Esto revela una desconexión entre el sistema sanitario y los focos críticos.

El canal, al ser un espacio de acumulación de residuos y contacto humano constante, puede convertirse en foco de enfermedades transmisibles, especialmente en contextos de lluvias.

La solución llegará solamente si se activa un protocolo interjurisdiccional de intervención en adicciones con participación de la Provincia y el municipio. Se debe incorporar el canal como “zona crítica” en un mapa urbano de riesgo sanitario y adictivo, que, como es sabido, ni siquiera lo ha pensado el funcionarato que conducen el problema del desalojo del canal de la Esteco.

El patrón de desalojo y retorno de las personas desalojadas del lugar, muestra que el operativo realizado tiene una falla en la estrategia de control territorial. La pelea trasmitida en vivo por el periodismo y el uso de piedras como arma improvisada, indican una escalada de violencia urbana.

Es enorme el desgaste institucional que sufre la policía y el municipio. Todo ocurre por no tener un plan de salud mental provincial que acompañe, que no actúe de forma reactiva, sin coordinación con una política pública, sino cuidando el desarrollo social previamente planificado. La impotencia estatal quedó a la vista con el problema del canal.

La consecuencia de improvisar soluciones genera lo que se denomina la "inseguridad estructural" de las ciudades mal cuidadas por falta de políticas públicas. Es por eso que los comerciantes y vecinos del Canal viven en estado de alerta permanente, lo que erosiona el derecho a la ciudad y la confianza en las instituciones.

Por lo conocido en esa zona, es la hora de reformular los protocolos de desalojo para incluir la derivación sanitaria, la contención psicosocial y el seguimiento judicial.