
El IPS, en su peor crisis: rompe acuerdos, extorsiona a médicos y abandona a miles de afiliados
20/11/2025
Redacción El Caudillo


El IPS, en su peor crisis: rompe acuerdos, extorsiona a médicos y abandona a miles de afiliados
El Instituto Provincial de Salud de Salta volvió a mostrar su peor cara: desorden, abuso de poder y desprecio por quienes dependen del sistema para sobrevivir. La decisión unilateral de rescindir el convenio con el Círculo Médico dejó a miles de salteños sin atención y reveló un conflicto mucho más profundo que un simple desacuerdo administrativo: el IPS está en colapso, y quienes pagan las consecuencias son los empleados públicos y sus familias, completamente rehenes de una obra social manejada a discreción del Gobierno provincial.


La crisis explotó cuando el IPS envió una carta documento para romper un acuerdo vigente desde 2004, justo en medio de una asamblea médica donde los profesionales reclamaban algo tan básico como que les paguen por su trabajo. Es que la obra social acumuló meses de deuda, retrasos históricos, prácticas impagas y una falta de transparencia que ya no sorprende. Pero esta vez no se trata solo de un incumplimiento financiero: el IPS decidió presionar a los médicos directamente, enviando notas intimidatorias donde se les exigía convertirse en prestadores directos bajo sus condiciones o abandonar los consultorios antes del 30 de noviembre.
Las acusaciones de extorsión no tardaron en aparecer. Los médicos denuncian que el Instituto busca debilitarlos, romper la representación profesional y obligarlos a trabajar sin respaldo gremial, sin negociaciones colectivas y bajo un sistema que decide cuándo pagar, cuánto pagar y qué prestaciones autorizar. La estrategia es clara: aislar al profesional, fragmentar toda estructura que fiscalice, y dejar al prestador totalmente vulnerable ante un organismo que hace tiempo dejó de ser confiable.
Mientras tanto, los afiliados quedaron atrapados en la peor incertidumbre: sin información oficial seria, sin listado de prestadores alternativos, sin plan de contingencia y sin comunicación clara. Miles de trabajadores estatales —docentes, policías, personal de salud, jubilados— no saben dónde podrán atenderse, qué prácticas se cubrirán o quién garantizará la atención mínima. El IPS, lejos de responder, optó por el silencio institucional más irresponsable en años.
El conflicto tampoco es nuevo. Durante la última década, el Instituto acumuló denuncias por demoras en cirugías, negativas a tratamientos vitales, rechazos arbitrarios de medicación, falta de cobertura en casos oncológicos y la constante necesidad de judicializar trámites que deberían resolverse con un simple sello. Es un modelo de obra social deteriorado, sin control, sin auditorías públicas reales y moviéndose como si no tuviera que rendir cuentas a nadie.
La situación llegó a un punto límite y la respuesta del IPS fue la más grave posible: romper el vínculo con una red de más de 1.800 profesionales sin ofrecer un sistema de reemplazo. La obra social provincial expulsó a sus propios prestadores sin tener cómo garantizar la atención mínima de un solo día. Hoy los médicos están en alerta y los afiliados, desamparados.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una obra social provincial, sostenida por el aporte obligatorio de los empleados públicos, operar con este nivel de improvisación, opacidad y castigo sistemático a quienes la sostienen? ¿Hasta cuándo se tolerará un funcionamiento que pone en riesgo vidas, tratamientos, estudios y derechos esenciales?
La Legislatura guarda silencio. Los sindicatos hacen equilibrio. Y el Gobierno, que debería intervenir para ordenar el desastre, permite que la conducción del IPS actúe con la impunidad de quien maneja un feudo personal.
Los afiliados no pueden elegir otra obra social. Quedan atrapados. Quedan rehenes.
La crisis del IPS no es un problema administrativo: es una amenaza concreta contra la salud pública de Salta. Y mientras siga manejado con arbitrariedad, extorsiones, deudas y silencio, los salteños seguirán pagando con su salud y su dignidad los errores de una conducción que no está a la altura.




Lo pidió Durand, lo aprobó el Concejo: Marcos Illesca al Tribunal de Cuentas. ¿Control real o guiño amigo?


