Día Mundial de la Salud Mental: qué balance podemos hacer en Salta

Hoy en todo el mundo se recuerda al 10 de octubre como el Día de la Salud Mental. La fecha en Salta no tiene tanto relieve, la salud pública no termina de incorporarla a su agenda.

Al hacer un balance desde el 2015 (año en que terminó el último Plan Provincial de Salud Mental) el camino recorrido tiene muchas contradicciones en Salta. La principal, no se cumplió con el financiamiento que exige la ley nacional de Salud Mental. Otro bemol, es no tener una planificación a largo plazo y solo moverse con el urgencismo (corto plazo), esto es crear continuamente instituciones de atención destinada a la intervención inmediata sin impactos medibles de calidad y cantidad. Resultado: abordajes de los problemas con prácticas con poca densidad institucional.

El urgencismo es el término que acuñamos para hacer nuestro periodismo especializado en salud mental más comunicable.

La enorme cantidad de instituciones asistenciales creadas en la salud mental pública, es un sesgo al que solo le interesa la escucha clínica, y deja de lado la prevención del sufrimiento mental en la comunidad.

Muchas de esas instituciones que solo privilegian la escucha clínica, no pueden llegar al vasto interior salteño. El urgencismo las transforma en bobas. Han desactivado el pensamiento crítico institucional y niegan intervenciones razonables con programas y acciones destinadas al recrear lazos sociales y erradicar los determinantes terriotriales del sufrimiento mental.

Faltan programas para determinados grupos etarios. Hace muchos años que no se presentan a la prensa estadísticas que provengan de la vigilancia epidemiológica, que den cuenta que se va superando la fragmentación que hay entre los tres poderes constitucionales de Salta a la hora de hacer acciones concretas. 

La desarticulación entre los poderes es un común denominador. El ejemplo más patente, es que ninguno de ellos se ha detenido a reconceptualizar las prácticas usadas en Salta para la abordar, por ejemplo, las adicciones que atiende el Estado.

Esa desarticulación niega que la salud mental es también una construcción colectiva que permite saber cómo encuadrar el daño, cuidado y autonomía de los adictos. Los dispositivos que los atienden encabezan el número de inauguraciones de los centros que trabajan bajo el urgencismo. Y más, el adicto parece el único ciudadano con sufrimiento mental en la provincia. 

Se conoce de acuerdo a la buena doctrina que la agenda pública de salud mental tiene que ser lo más abarcativa posible y contener a muchos que están mal.

No hay por ejemplo, un programa de salud mental escolar, de género, etc. Falta trabajar en terreno con programas modelos de prevención. Extender la escucha clínica de los consultorios hacia la comunidad y poner la oreja a sus demandas de salud mental. Caso contrario la gestión desresponsabiliza al Estado de considerar a la salud mental como un derecho humano para que el sufrimiento mental no sea un estigma, un prejuicio, ni una carga de la enfermedad en la familia. Pero para ello, la política urgencista de los dispositivos que operan desde distintos saberes y prácticas, debe dejar de ser cerrados y verticales. 

Seguir atendiendo la demanda de cada uno, pero saber pasar también la práctica del dispositivo a lo participativo y comunitario.