Datos escalofriantes: la violencia infantil en Salta ya es una emergencia social silenciada

Según un informe reciente del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral, el 34% de los niños argentinos sufre castigos físicos. No es solo un número: es el retrato de un país que todavía normaliza lo inadmisible. Y Salta, lejos de ser la excepción, muestra una radiografía aún más desgarradora.

En octubre de 2024, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia encendió todas las alarmas. Más de 5.000 activaciones de protocolo por protección de menores en apenas seis meses. Un número brutal que triplica los registros de 2023 y que expone, sin eufemismos, el colapso del sistema de protección infantil en la provincia. Cada activación no es un trámite, es un chico en riesgo, una familia rota, un delito en curso.

La titular de la secretaría, Carina Iradi, lo dijo sin filtros: muchos de esos casos involucran material de abuso sexual infantil producido dentro de los propios hogares: “Hay situaciones en las que el progenitor usa y abusa de sus hijos y vende ese material en el mercado negro”, admitió. La frase quedó flotando como una marca de infamia: padres convirtiendo a sus hijos en mercancía. Y un Estado que llega cuando el daño ya está hecho.

La semana pasada, la advertencia volvió a sonar, esta vez desde uno de los territorios más golpeados por la precariedad estructural: el norte provincial. José Cortez, asesor de Incapaces de Embarcación con competencia en localidades de Valdivia y Rivadavia, describió un escenario que mezcla dolor, delitos y abandono estatal. Desde la creación de la Asesoría hace siete años, intervienen en casos donde se advierte negligencia, maltrato o directamente crímenes cometidos por los propios progenitores. “Hemos llegado incluso a condenas y a la privación de la responsabilidad parental en varios casos”, reveló.

Pero Cortez también explicó algo que duele y, a la vez, da una mínima bocanada de esperanza: el aumento de denuncias no solo responde a más violencia, sino a más compromiso social. Vecinos que ya no callan. Comunidades que se animan a romper el pacto de silencio que durante décadas protegió a los agresores. “Antes la gente tenía miedo de denunciar, sobre todo en pueblos chicos donde todos se conocen. Hoy, gracias a la promoción de derechos y al trabajo conjunto de distintos actores sociales, los vecinos se animan más a intervenir”, señaló.

El dato final es inquietante: si hoy conocemos más casos, no es porque la violencia sea nueva, sino porque recién ahora empieza a salir a la luz. Lo que falta es que el Estado llegue antes, no después; que la protección no se active solo ante el horror consumado; que la infancia deje de depender de la suerte, del barrio o del silencio de los adultos.