Educación o religión: el millonario pacto entre el Estado y la Iglesia en Salta #Presupuesto2026

Mientras el Gobierno de Salta insiste en que el Presupuesto 2026 prioriza la educación, los números muestran algo muy distinto: la mayor parte del dinero destinado al sistema educativo privado irá a parar a los colegios católicos, amparados bajo el paraguas del Arzobispado y del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC).

Lejos de ser un reparto equitativo, el modelo de financiamiento beneficia a algunas instituciones confesionales con hasta un 80% de aporte estatal para salarios, mientras que los establecimientos privados no católicos —en su mayoría laicos y de gestión independiente— apenas alcanzan un 15% de subsidio, y eso con suerte y no para todos.
Una brecha que deja al descubierto una alianza política y económica entre el Gobierno provincial y la estructura eclesiástica que domina, desde hace décadas, el mapa educativo salteño.

La maniobra es sutil, pero eficaz: el Estado financia con fondos públicos a instituciones que responden a una conducción religiosa, mientras mantiene a las escuelas públicas sumidas en carencias básicas y a las privadas no confesionales en competencia desigual.

En la práctica, la Iglesia Católica obtiene el control de gran parte de la educación formal sin asumir los costos completos de su funcionamiento.

El propio presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados (AEPSA), Pablo Pereyra, lo expresó con claridad ante El Caudillo: “El aporte debería ser por alumno y dependiendo de la cuota del colegio. Un monto fijo por alumno (igualdad) y un monto variable por alumno dependiendo de la cuota (equidad).”

Sin embargo, nada de eso figura en las planillas del presupuesto 2026. No hay criterios objetivos, ni escalas proporcionales, ni evaluación de desempeño. Solo un sistema de favores históricos donde los colegios católicos —respaldados por el Arzobispado de Mario Antonio Cargnello— conservan un trato preferencial que se traduce en millones de pesos cada año.

Los datos del proyecto son claros: más de $57.000 millones en subsidios educativos, de los cuales una porción dominante se destina a los colegios católicos nucleados en el COPRODEC. En paralelo, las escuelas públicas esperan fondos para refacciones, y los docentes estatales reclaman actualizaciones salariales frente a una inflación que ya se comió los bolsillos. ¿Estamos ante una política educativa o ante un pacto institucional entre el poder político y la Iglesia que garantiza influencia, dinero y silencio mutuo?

Mientras tanto, los colegios privados no católicos denuncian que se los condena a competir sin reglas claras, sin acceso a subsidios proporcionales y sin posibilidad de sostener la matrícula frente a instituciones “subsidiadas a medias por el Estado y bendecidas por la Iglesia”. En Salta, el presupuesto 2026 no solo define el rumbo educativo: confirma quién tiene el poder para decidir quién enseña y con qué recursos.