Estafa piramidal en la cárcel de Salta: ¿quién es el “Negro” Torres?

Otro escándalo sacude al Servicio Penitenciario de Salta durante esta última gestión. La investigación por una presunta estafa piramidal que habría movido miles de millones de pesos entre agentes penitenciarios tiene un sobrenombre en el centro de la escena: “el Negro” Torres.

En los pasillos del penal y en los despachos del poder penitenciario, el apellido Torres resuena con fuerza por una coincidencia que no pasa desapercibida: el director general del Servicio Penitenciario es Enrique Daniel Torres, mismo apellido que el principal investigado: Matías Torres. No serían familiares, aclaran por lo bajo, pero la cercanía jerárquica y la confianza institucional abren interrogantes que nadie responde.

En ese marco, el apodo que circula puertas adentro del Servicio Penitenciario no apunta al imputado, sino al propio director general del SPPS, Enrique Daniel Torres, conocido en el ambiente como “el Negro”. Es sobre su figura donde se debería posar la lupa institucional: por la cercanía funcional con Matías Torres, por la confianza depositada al habilitarlo a manejar fondos como tesorero de un evento oficial y, sobre todo, por no haber actuado cuando las primeras alertas internas comenzaron a sonar. No se trata de parentescos, sino de responsabilidades jerárquicas que, hasta ahora, no fueron explicadas.

Según surge de la causa, el acusado se desempeñaba en áreas administrativas sensibles del SPPS y habría construido una red interna de captación de fondos entre compañeros, con promesas de rendimientos imposibles. Lo llamativo es que, pese a las quejas internas y a los primeros rumores que circulaban desde hace meses, no se tomaron medidas. Recién cuando el escándalo explotó y la Justicia avanzó con allanamientos, la situación salió a la luz.

En ese contexto, vuelve a cobrar relevancia un episodio que El Caudillo había denunciado tiempo atrás: el festival “solidario” de la Virgen del Carmen, organizado por el propio Servicio Penitenciario. En aquella oportunidad, agentes de todos los rangos denunciaron aprietes para vender entradas numeradas, controles con planillas firmadas y promesas de beneficios a cambio de “colaborar”. Quien figuraba como tesorero de ese evento era, justamente, el hoy investigado Matías Torres.

El festival se presentaba como una iniciativa para “ayudar al personal”, pero terminó siendo una carga obligatoria para muchos guardiacárceles, que denunciaron presiones directas y advertencias veladas. Todo ese operativo —según los testimonios recogidos entonces— se realizaba con conocimiento y aval de la conducción penitenciaria.

Hoy, con una causa judicial en marcha, cuentas bancarias inmovilizadas y más de un centenar de agentes damnificados, la pregunta ya no es solo cómo funcionó la estafa, sino por qué nadie la frenó a tiempo. ¿Quién miró para otro lado? ¿Quién garantizó los espacios de poder y confianza para que el esquema creciera dentro de la propia institución?

La Dirección General del SPPS no dio explicaciones públicas. Mientras tanto, el apellido Torres queda inevitablemente asociado a uno de los episodios más graves que haya vivido el sistema penitenciario salteño, no por un parentesco probado, sino por una cadena de decisiones —o de omisiones— que hoy están bajo la lupa.