"El personal de la seguridad pública tiene una economía de subsistencia"

Por Rodolfo Ceballos (*)

En Salta, la falta de reconocimiento económico a los policías, los afectó en sus finanzas personales y en lo emocional de sus familias. La fuerza tiene una doble batalla: devolverle la seguridad perdida a los salteños y afrontar una canasta familiar costosa con changas y ocupaciones con contratos basuras. Lo que ganan en el servicio público no les alcanza y tienen una economía de subsistencia.

 Esta radiografía del policía con economía de marginal, cada vez cobra mayor difusión en los medios. La noticia da a conocer que muchos policías hasta el agotamiento de sus finanzas piden en el juzgado correspondiente la quiebra civil para entrar en la devastación patrimonial.

Esta condición económica muestra las variables de la pobreza, pero todas giran en torno de los muchos acreedores privados del policía: deudas impagas, creciente dependencia de créditos informales y sostener con haberes propios varios costos de la misma función que desempeña, por ejemplo, los gastos cuando lo trasladan de territorio.

La actividad del policía se ha llenado de aflicciones psíquicas que deberían indicar a la institución que la salud mental de la fuerza -hace rato- entró en estado de alerta. No viene al caso enumerar tantos hechos penales  resonantes que, paradójicamente, ocupan la crónica policial.

En Salta no hay una política de salud mental de inclusión para todos los  sectores. El problema dejó de ser responsabilidad del Estado y se lo traslada como exclusivo e individual al trabajador público de la seguridad con sufrimiento mental.

Las noticias se viralizan y conocemos episodios de violencia intrafamiliar protagonizados por efectivos, algunos de los cuales han sido derivados a evaluaciones psicológicas. Los psicodiagnósticos revelan cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático y trastornos de adaptación. La exposición constante a situaciones de máxima exigencia profesional, configura un escenario de desgaste emocional.

La contradicción es evidente: quienes deben garantizar el orden público viven en condiciones que atentan contra su propia estabilidad personal y financiera. La Fundación Azul, que acompaña a familiares de aspirantes y efectivos, ha solicitado, en distintas oportunidades, reuniones con autoridades para exponer estos problemas. Mientras tanto, queda expuesto que no hay una sólida contención institucional.

Existe una crisis profunda envuelta en un combo sin fin: policías que no pueden garantizar su propia seguridad emocional ni económica a lo que se agrega una política pública que no resuelve de una vez las condiciones de vida del mismo policía. Paralelamente, la seguridad ciudadana está conmovida. La cotidianeidad de la gente es afectada por la violencia y agresividad interpersonal que no cesa.

La otra crisis, es la del factor humano de la policía por los bajos salarios. Hay evidencias que, en lo subjetivo, las pocas defensas psicológicas de algunos de sus integrantes lo condicionan para trabajar normalmente. Problemas de vieja data que no tiene soluciones creativas ni laborales.

Se requiere una reforma profunda que articule la justicia en el trabajo con la salud mental y la ética institucional. No se puede construir seguridad pública sobre la inseguridad privada de quienes la ejercen.

Los policías deben patrullar las calles salteñas pero no sin salud mental. Algunas vidas de la fuerza están desgastadas, con insolvencia económica, pluriempleo precario y un estrés acumulado que se filtra en la vida familiar. Si no atendemos esa fisura íntima en la salud mental, todo lo demás –protocolos, patrulleros, estadísticas– descansa sobre arenas movedizas.

(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental