La maestra derrochó su pedagogía pacífica y dio un orejazo a su alumno

Por Rodolfo Ceballos (*)

En Payogasta ocurrió la violencia escolar de una maestra. Le pegó un orejazo a su alumno, con las consecuencias psicológicas, jurídicas y pedagógicas que esto implica.

No vamos a usar el lugar común del Ministerio de Educación de Salta que vive en la inercia y ante situaciones límites suele el cliché del facilismo: “Este problema es muy complejo”.

Hay que tomar posición frente a este tipo de violencia escolar, pero desde la psicología educativa, clínica y desde el mismo derecho.

Este acto, más allá de ser un hecho aislado, es una revelación de que el sistema educativo no logra el manejo correcto de la autoridad.

Seguro que, para el alumno, el impacto de la agresión física fue profundo y será duradero. Una de las primeras consecuencias psicológicas que el alumno experimentó ha sido una sensación de inseguridad y amenaza en un lugar que debería ser seguro. 

La agresión, como forma de humillación pública o privada, puede hacer que el alumno se sienta inadecuado, indigno o merecedor del castigo. Esto afecta su autoimagen y su desarrollo personal.

¿Qué habrá sucedido en el psiquismo de la maestra que quedó sin poder controlar sus emociones y pasó directamente a la violencia física con su alumno?

La agresión física daña la confianza en la figura de autoridad del maestro y puede generar problemas en futuras relaciones sociales y educativas.

El "orejazo" es el síntoma de un profundo desborde personal y profesional. Se reconoce que el maestro es también un ser humano con limitaciones y que la situación de violencia escolar puede ser un reflejo de un sistema que no lo protege ni lo apoya adecuadamente. La maestra, especialmente en un contexto rural como el de Payogasta, Salta, puede estar lidiando con una carga de trabajo abrumadora. La falta de recursos de todo tipo, las presiones administrativas y las problemáticas sociales de los alumnos (violencia intrafamiliar, pobreza) pueden llevar a un estado de agotamiento emocional y profesional (burnout). En este estado, la paciencia y la tranquilidad psicológica se agotan, y una situación aparentemente menor puede detonar una reacción desmedida.

La agresión física puede ser la manifestación de un sentimiento de fracaso pedagógico. La docente puede sentir que no tiene las herramientas para captar la atención del alumno, manejar su conducta o motivarlo. Al no encontrar una solución pedagógica, recurre a la violencia como un último y desesperado recurso para imponer control, lo que evidencia su percepción de ineficacia profesional.

En escuelas rurales, los maestros a menudo trabajan en condiciones de aislamiento, sin el apoyo de equipos interdisciplinarios (psicólogos, psicopedagogos) que sí existen en grandes centros urbanos. La maestra se siente sola para manejar situaciones complejas, lo que aumenta la presión y la vulnerabilidad a cometer errores graves.

La solución no es solo reprochar al maestro, sino también invertir en su bienestar, su formación continua y en el apoyo institucional, para prevenir que estas situaciones se repitan.

Desde el punto de vista legal, la agresión física puede ser considerada como un delito. La ley salteña 8406 prohíbe explícitamente el bullying y la violencia escolar, estableciendo sanciones para quienes la ejerzan o la toleren.

Hay que preocuparse desde el Estado si ese docente podría estar lidiando con trastornos de ansiedad, depresión, problemas de control de la ira o burnout, que afectan su juicio y capacidad para manejar situaciones de estrés. En casos extremos, la agresión puede estar vinculada a trastornos de personalidad que impiden una adecuada empatía y control emocional.

(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental