Infancia hipotecada: El microtráfico y la desatención del Estado en los barrios de Salta

Lo que sucede en la periferia de Salta no es un problema abstracto de estadísticas policiales ni un mero tema de agenda legislativa; es una tragedia cotidiana que se mide en vidas jóvenes rotas. El avance del narcotráfico y el consumo de sustancias en las barriadas populares ha cruzado todos los límites tolerables. Hoy no se habla solo de jóvenes atrapados en las adicciones, sino de niños, en muchos casos de apenas 11 o 12 años, que ya conocen la devastación del consumo y que son reclutados como el último eslabón de la cadena del narcomenudeo.

Frente a esta realidad, la respuesta oficial resulta notoriamente insuficiente. Los anuncios periódicos de allanamientos, secuestros de dosis y desarticulación de "puntos de venta" suelen venderse como triunfos estratégicos, pero en la práctica comunitaria se revelan como meros parches operativos. Se apaga un foco en una esquina para que se encienda otro a los pocos metros. Atacar al último eslabón de la cadena sin desmantelar la estructura territorial, ni garantizar la presencia permanente del Estado, ha demostrado ser un ejercicio ineficaz que deja a los vecinos librados a su suerte.

El fracaso más evidente, sin embargo, no está únicamente en la persecución penal del delito, sino en la ausencia estructural de políticas de prevención temprana. Salta carece de una estrategia sostenida y de alcance universal en las escuelas, clubes y centros comunitarios que llegue antes de que la sustancia haga su aparición. La prevención no puede reducirse a charlas esporádicas ni a campañas publicitarias de ocasión; requiere un entramado contante que contenga, eduque y proporcione alternativas reales a la marginalidad en la que se crían miles de chicos.

A este panorama se suma una deuda aún más cruel: la carencia de un sistema integral de rehabilitación y contención. Para la familia trabajadora de un barrio vulnerado que descubre que un hijo está inmerso en el consumo, el camino hacia la recuperación es un calvario de puertas cerradas. El sistema de salud pública ofrece cupos escasos y respuestas tardías, mientras que los centros de internación o tratamiento especializado quedan fuera del alcance económico de la inmensa mayoría. En la práctica, se termina penalizando o abandonando al adicto, tratándolo como un problema de orden público y no como un paciente con una enfermedad compleja.

Recuperar el control territorial en los barrios de Salta exige mucho más que patrullajes y publicidad institucional. Demanda una decisión política honesta: admitir que la persecución del microtráfico es insuficiente si no va acompañada de un despliegue integral del Estado. Sin prevención temprana en la infancia ni centros sanitarios accesibles para la rehabilitación, cualquier esfuerzo en materia de seguridad seguirá siendo una batalla perdida, con el costo irrecuperable del futuro de nuestros jóvenes.

Lic Julio A Palavecino

MP M12169