Salta, tierra arrasada bajo el poder de Sáenz: Greenpeace tuvo que intervenir para frenar una topadora

Un desmonte de 700 hectáreas a 50 kilómetros de Orán desató una nueva alarma ambiental. Activistas de Greenpeace bloquearon una máquina que avanzaba sobre el bosque nativo y denunciaron la falta de controles. Mientras las topadoras destruyen el monte salteño, la política ambiental del gobierno de Gustavo Sáenz vuelve a quedar bajo cuestionamiento.

El avance de las topadoras sobre el bosque nativo salteño vuelve a mostrar una realidad alarmante: la destrucción ambiental no se detiene. Esta vez, integrantes de Greenpeace Argentina tuvieron que intervenir directamente para frenar una máquina que realizaba tareas de desmonte en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de San Ramón de la Nueva Orán. Según la organización, el área afectada alcanza aproximadamente las 700 hectáreas. Una superficie devastada que vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de los bosques en Salta.

La intervención se realizó el miércoles 4 de noviembre, luego de que la organización detectara la deforestación mediante imágenes satelitales y sobrevuelos. Los activistas se interpusieron frente a la topadora, bloquearon sus palancas de manejo con un cepo y colocaron una faja con la inscripción “crimen ambiental”. También desplegaron un cartel con un mensaje directo: “La Ley de Bosques no se toca”. Las imágenes de la protesta fueron difundidas por Greenpeace, con fotografías acreditadas a Martín Katz.

La escena es contundente: una organización ambientalista tuvo que poner el cuerpo para detener una maquinaria que avanzaba sobre el monte. ¿Dónde están los controles del Estado provincial? ¿Quién garantiza que las autorizaciones de desmonte se ajusten a la legislación vigente? La denuncia vuelve a colocar al gobierno de Gustavo Sáenz en el centro de una discusión que compromete el patrimonio natural de Salta.

El monte salteño bajo la gestión Sáenz

La preocupación no se limita a un solo predio. De acuerdo con el monitoreo de Greenpeace, la deforestación en el norte argentino superó las 73.000 hectáreas durante 2026. En Salta, además, la superficie desmontada registró un incremento cercano al 70% entre enero y septiembre, respecto del mismo período del año anterior, según datos difundidos por la organización y publicados por Página/12.

En una provincia que concentra una parte fundamental de los bosques nativos del Gran Chaco y las Yungas, estas cifras representan una amenaza ambiental de enorme magnitud. La pérdida de cobertura forestal afecta la biodiversidad, altera los ecosistemas, incrementa la vulnerabilidad frente a inundaciones y agrava las consecuencias de la crisis climática.

La coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Noemí Cruz, cuestionó duramente el papel de las autoridades provinciales. “Mientras el gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido”, advirtió.

La denuncia de Greenpeace apunta a la falta de controles y a la flexibilización de las políticas de protección. En Salta, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada durante la gestión Sáenz también quedó bajo cuestionamiento de sectores ambientalistas. El interrogante es si las herramientas de fiscalización están siendo suficientes para frenar la destrucción del monte.

¿Una Ley de Bosques cada vez más debilitada?

El episodio se produce en medio de la discusión nacional por posibles modificaciones a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Greenpeace advierte que los cambios propuestos podrían ampliar considerablemente las superficies habilitadas para desmontar y debilitar las restricciones sobre áreas de alto valor de conservación.

La organización también cuestiona el financiamiento previsto para aplicar la normativa. Según su análisis, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla apenas el 4% de los fondos que deberían destinarse a la protección de los bosques nativos.

Noemí Cruz alertó sobre las consecuencias de continuar destruyendo estos ecosistemas y fue categórica: “Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”.

La expresión refleja la gravedad de la denuncia ambiental. Sin embargo, determinar si el desmonte específico constituye un delito y quiénes serían responsables requiere una investigación de las autoridades competentes.

Salta pierde sus bosques mientras las topadoras avanzan

Los datos históricos tampoco ofrecen un panorama alentador. Según cifras de la Dirección de Bosques de la Nación citadas por Greenpeace, entre 1998 y 2024 Argentina perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos. Cerca del 75% de esa destrucción se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

El norte salteño se encuentra en una zona especialmente vulnerable. La destrucción del bosque no solamente implica la desaparición de árboles: compromete hábitats, recursos naturales, comunidades campesinas e indígenas y el equilibrio ambiental de regiones enteras.

La intervención de Greenpeace vuelve a exponer una pregunta incómoda para el gobierno provincial: ¿qué está haciendo la administración de Gustavo Sáenz para impedir que el monte nativo desaparezca bajo las topadoras? La protección ambiental no puede quedar reducida a declaraciones, ordenamientos territoriales o anuncios administrativos mientras las denuncias de desmontes continúan acumulándose.

Salta no puede convertirse en tierra arrasada. Las 700 hectáreas denunciadas cerca de Orán, el incremento de la deforestación y la intervención de Greenpeace exigen respuestas concretas. Porque cuando el bosque desaparece, el daño no termina con la última topadora: queda una herida ambiental que puede comprometer a generaciones enteras.