Salta al límite: El costo de mirar hacia otro lado

La reciente escalada de violencia urbana y el doloroso crimen del profesor Hernán Velarde en barrio Miguel Ortiz expusieron una realidad que ya no admite disimulo: el tejido social salteño está fracturado y las respuestas del Estado llegan tarde y mal. La muerte en plena vía pública no es un rayo en cielo sereno, sino la consecuencia lógica de un cóctel letal que se cocina a fuego lento en los barrios: el avance impiadoso del narcomenudeo, el consumo problemático desatendido y la degradación de la convivencia vecinal.

Frente a este panorama, el diagnóstico ciudadano es lapidario y certero. Por un lado, la Municipalidad opta por un cómodo desentendido, refugiándose en que la seguridad no es su competencia, mientras olvida que la desidia urbana, luminarias rotas, baldíos abandonados y calles oscuras, pavimenta el camino al delito. Por el otro, la Provincia exhibe un esquema de seguridad ineficaz, anclado en un modelo reactivo que satura el microcentro comercial mientras los barrios periféricos e intermedios quedan librados a su suerte.

Gobernar la seguridad exige abandonar la demagogia de los operativos de fin de semana y encarar una reingeniería profunda basada en tres pilares ineludibles:

·       Redespliegue táctico: Mover el peso operativo de la policía desde el centro administrativo hacia los mapas de calor del delito violento y la portación de armas blancas.

·       Golpe al microtráfico: Asfixiar la economía y la logística de los búnkeres barriales, cortando el vínculo entre el menudeo y la impunidad cotidiana.

·       Prevención comunitaria: Articular dispositivos estatales de salud y contención social temprana para frenar el consumo antes de que la adicción se transforme en el motor de crímenes aberrantes.

La seguridad ciudadana no se recupera con lamentos posteriores a la tragedia, sino con decisión política, articulación institucional y presencia real donde el Estado hoy brilla por su ausencia. El margen de tolerancia social se ha agotado.