¿Caja financiera? Sáenz activó la Fiduciaria de Salta, movieron los primeros $100 millones y los "Nachos" están a cargo

El Gobierno de Gustavo Sáenz puso en marcha oficialmente la polémica estructura financiera que había generado fuertes cuestionamientos políticos a fines del año pasado. A través de decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial, la Provincia activó la operatoria de la Fiduciaria de Salta S.A.U. y autorizó una transferencia inicial de $100 millones al nuevo Fondo de Garantías provincial.

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Tal como había anticipado El Caudillo en informes anteriores, el esquema comenzó a tomar forma concreta con nombres propios, cargos definidos y recursos públicos en movimiento. El Gobierno además confirmó la designación del directorio y de la comisión fiscalizadora de la nueva sociedad fiduciaria estatal, una herramienta que tendrá amplias facultades financieras y capacidad de administrar fondos, garantías y futuros avales económicos.

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La decisión oficial habilita al ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, a ejecutar la transferencia fiduciaria inicial de $100 millones para integrar el patrimonio del denominado “Fondo de Garantías de Salta”. Sin embargo, el dato político más sensible es que la ley aprobada por el oficialismo permite que el monto total alcance hasta $1.000 millones.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con la conformación de una verdadera mesa financiera del saencismo. El comité ejecutivo quedó integrado por funcionarios de extrema cercanía política con el gobernador: Ignacio Jarsún, José Ignacio Lupión y Diego Ovejero, entre otros dirigentes y coordinadores del Ejecutivo provincial.

A eso se suma la designación formal del directorio de la Fiduciaria de Salta S.A.U., organismo que operará como brazo financiero estatal. Allí fueron nombrados Natalia Suppa, Guillermo Robredo y Diego Dorigato Manero como directores titulares, junto a síndicos y suplentes que también responden a distintas áreas del Gobierno provincial.

Desde el oficialismo sostienen que el fideicomiso permitirá otorgar garantías y herramientas de financiamiento para impulsar inversiones y actividades productivas. Incluso argumentan que el esquema debe inscribirse ante el Banco Central para lograr plena operatividad.

Pero distintos sectores ya habían advertido sobre el enorme nivel de discrecionalidad que podría concentrar esta estructura. El temor gira en torno a la posibilidad de que el Gobierno maneje millones de pesos mediante mecanismos fiduciarios con menor exposición pública y controles más complejos para la ciudadanía. La activación formal del sistema fiduciario ocurre además en un contexto nacional de ajuste económico, recorte de organismos y reducción del gasto público. En Salta, en cambio, el Ejecutivo decidió avanzar con la creación de una nueva arquitectura financiera estatal que ahora ya empezó a mover fondos reales.