Mil millones a puertas cerradas: el Gobierno arma un fondo que puede terminar favoreciendo a unos pocos

El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto, que se trataría el próximo martes en Diputados, para crear la Fiduciaria de Salta S.A.U. y el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), una estructura que, según el discurso oficial, busca “ayudar a las Pymes a acceder al crédito”. Pero detrás de esa bandera de desarrollo productivo se esconde un diseño que huele más a caja paralela que a herramienta de crecimiento.

El texto oficial prevé una inyección inicial de mil millones de pesos en un fideicomiso público administrado por una sociedad anónima unipersonal, donde todos los cargos —directores, síndicos y miembros del comité— serán designados directamente por el Poder Ejecutivo. En pocas palabras, el Gobierno se crea a sí mismo una empresa con fondos públicos, para manejar fondos públicos, sin control político ni auditorías independientes garantizadas.

La Fiduciaria manejará los recursos y otorgará garantías a empresas privadas con “criterios técnicos” que todavía nadie explicó. Para colmo, el esquema exime de impuestos provinciales, tasas y sellos a todas las operaciones, lo que convierte al Fondo en un terreno libre de fiscalización.

En los papeles, el proyecto suena moderno: asistencia a Pymes, financiamiento, transparencia. En la práctica, el texto legal deja la puerta abierta a negociados de todo tipo.

Las decisiones del Comité se aprueban de forma “tácita” si no hay observaciones en pocos días, una joya legal que permite validar cualquier operación por inacción. A eso se suma una cláusula de confidencialidad que impide conocer nombres, montos y condiciones de las garantías otorgadas.

Así, un fondo público de mil millones podría transformarse en una billetera discrecional al servicio de empresarios amigos, intermediarios financieros o consultoras fantasma que aparezcan bajo el amparo del poder político.

Lo más inquietante: el patrimonio del fideicomiso será inembargable e independiente, lo que significa que si hay irregularidades o desvíos, nadie podrá tocar los fondos ni rastrear fácilmente su uso.

En una provincia donde el amiguismo es política de Estado y donde los escándalos de corrupción brotan cada temporada, el proyecto del Ejecutivo no garantiza control, pero podría garantizar impunidad.

Con ese andamiaje, el FOGASAL podría terminar siendo el nuevo rostro de una vieja costumbre: armar estructuras técnicas para disfrazar negocios políticos.