Fiduciaria de Salta creada: el “mega–instrumento” financiero del Gobierno con poderes totales y control mínimo

La Fiduciaria de Salta S.A.U. se trata de una sociedad anónima unipersonal controlada totalmente por el Gobierno provincial, creada para manejar fideicomisos, fondos millonarios y patrimonio público sin los niveles de control que sí existen para otras áreas estatales.

Ahora, revisando su Estatuto Social completo, surgen elementos que profundizan los interrogantes sobre opacidad, concentración de poder y discrecionalidad.

Una sociedad anónima del Estado… pero con autonomía “privada”. Según su propio estatuto, la Fiduciaria de Salta S.A.U.:

• Es una Sociedad Anónima Unipersonal.
• Su único accionista es el Estado provincial.
• Tiene 99 años de duración, prorrogables.
• Su capital inicial es de $30 millones, ampliable hasta cinco veces por simple decisión de Asamblea… es decir, por el propio Ejecutivo que se autoaprueba todo.
• El formato S.A.U. ya es en sí un problema:
• Permite gestionar patrimonio público pero con herramientas y secretismo de una empresa privada.

Objeto social: facultades para manejar TODO

El artículo 4 del Estatuto describe un objeto social tan amplio que prácticamente cubre la totalidad del mercado financiero e inmobiliario, siempre bajo la figura del fideicomiso:

• Administrar y disponer bienes muebles, inmuebles, créditos y cualquier otro activo.
• Ser fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario al mismo tiempo.
• Celebrar contratos en simultáneo, incluso en roles cruzados.
• Hacer operaciones comerciales, industriales, financieras, bancarias (con ciertas restricciones), inmobiliarias y mobiliarias.
• Constituir derechos reales, comprar, vender, permutar, hipotecar, alquilar, donar.
• Representar al Estado o a privados en cualquier transacción.

En la práctica: la Fiduciaria puede operar como un megaministerio paralelo, con libertad para manejar fondos públicos sin las restricciones administrativas habituales.

¿Quién controla? El Ejecutivo. ¿Quién fiscaliza? El Ejecutivo.

La administración queda en manos de un Directorio de:

• 3 directores titulares
• 3 suplentes

Todos designados por el Poder Ejecutivo. Reelectos sin límites. Con reuniones que pueden realizarse incluso por videollamada. Y con grabaciones que quedan archivadas… pero bajo resguardo de la propia empresa.

La fiscalización está a cargo de una Comisión Fiscalizadora también de:

3 síndicos titulares
3 suplentes

También designados por el Ejecutivo. Es decir: El Gobierno controla, administra, fiscaliza y aprueba sus propios actos dentro de la Fiduciaria. No hay contrapeso real. No hay control externo. No hay participación legislativa. No hay auditoría independiente obligatoria.

Facultades extraordinarias del Directorio

El estatuto le otorga al Directorio “los más amplios poderes”, una expresión jurídica que implica:

• Manejar bienes públicos y privados.
• Comprar, vender, permutar inmuebles.
• Otorgar poderes judiciales para querellar o negociar.
• Abrir cuentas bancarias en cualquier moneda.
• Comprar y vender divisas.
• Realizar operaciones financieras en bancos públicos o privados.
• Contratar personal, gerencias y pagar sueldos y compensaciones.
• Crear sucursales, oficinas y agencias por toda la provincia.
• Transar, conciliar, renunciar a prescripción o apelaciones.

En resumen: Puede hacer casi cualquier operación económica existente.

Asambleas sin debate: el único accionista es el Gobierno

La Asamblea —máxima autoridad de cualquier sociedad— se integra únicamente por el Estado provincial. Esto significa que:

• El Gobierno discute consigo mismo.
• Se aprueba sus propios balances.
• Se vota a sí mismo sus directores y síndicos.
• Decide sobre ampliación del capital, remuneraciones, reservas y utilidades.

Así, la Fiduciaria se convierte en un vehículo de administración sin participación social ni política externa, pese a manejar bienes públicos.

¿Por qué importa todo esto? Porque la Fiduciaria de Salta:

• Maneja millones en fideicomisos.
• Interviene en obras, viviendas, infraestructura y contratos sensibles.
• Permite al Ejecutivo operar esquemas financieros por fuera del presupuesto tradicional.
• Facilita la contratación sin los tiempos y obligaciones de la administración pública.
• Se usa como herramienta para proyectos que evitan el control legislativo.
• Y concentra poder económico en un solo instrumento, sin contralor real.

Con este estatuto, la Fiduciaria está diseñada para ser una caja negra legalizada, un espacio donde el Gobierno puede mover fondos, comprar, vender, transferir, designar, pagar, contratar, y hasta disponer bienes públicos
con una discrecionalidad que sería impensada dentro de un ministerio o secretaría.