Tres años de desastre ambiental: la investigación revela que el pozo de Lomas de Olmedo sigue fuera de control emanando hidrocarburos

El desastre ambiental que afecta al pozo petrolero abandonado de Lomas de Olmedo, en el norte de Salta, continúa agravándose mientras la investigación judicial avanza lentamente y las medidas concretas para detener la fuga siguen sin aparecer.

Así lo aseguró el biólogo de Greenpeace, Matías Arrigazzi, en diálogo para El Caudillo, quien recorrió la zona junto a un equipo técnico luego del desesperado pedido de ayuda realizado por los pobladores.

Según explicó, el problema comenzó hace aproximadamente tres años cuando los vecinos detectaron que la válvula de un pozo petrolero abandonado empezaba a perder pequeñas cantidades de hidrocarburos.

Con el paso del tiempo, aquella fuga inicial evolucionó hasta convertirse en una violenta emanación de gases que arrastra agua de napas subterráneas mezclada con hidrocarburos. Esa mezcla termina precipitándose sobre el terreno en forma de una "lluvia aceitosa" que cae sobre la vegetación.

Las consecuencias ya son visibles.

De acuerdo con Greenpeace, alrededor de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente destruidas por la contaminación constante.

La situación motivó denuncias penales y civiles impulsadas por los propios pobladores. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron.

Arrigazzi recordó que en diciembre pasado el Gobierno provincial extinguió mediante un decreto la concesión que tenía la empresa President Petroleum, última operadora del pozo, actualmente quebrada.

Ante esa situación, la Provincia anunció que asumiría la intervención para resolver el problema.

No obstante, varios meses después, el escenario permanece prácticamente igual.

"El pozo sigue exactamente como estaba", sostuvo el especialista.

Mientras tanto, la Justicia continúa avanzando en la investigación para determinar quién deberá asumir el cierre definitivo del pozo.

Según explicó el integrante de Greenpeace, la legislación ambiental contempla el principio de responsabilidad solidaria, por lo que no solamente la última empresa podría responder por el daño.

"Los responsables son las seis empresas que explotaron el pozo desde que fue perforado en 1983 y también los distintos gobiernos que tuvieron competencia durante todo este tiempo", afirmó.

La causa ahora busca determinar cuál de esos responsables deberá hacerse cargo de la remediación ambiental y del sellado definitivo del pozo.

Pero mientras los expedientes avanzan, el daño continúa creciendo.

Greenpeace advirtió además sobre un riesgo adicional: la permanente emisión de gases inflamables podría convertirse en un foco de propagación de incendios forestales.

"La fuga es comparable a tener la válvula de una garrafa completamente abierta las 24 horas del día", explicó Arrigazzi.

La organización insiste en que el problema dejó de ser únicamente un conflicto ambiental para transformarse en una emergencia que requiere una intervención inmediata antes de que las consecuencias sean todavía mayores.