El Senado y la invisibilización de las adicciones en las calles

Para el Senado de la Provincia, los trapitos son todos iguales, están cortados con la misma tijera. El cuerpo en un trámite exprés aprobó el proyecto de ley que reforma el Código de Contravenciones de la Provincia para aumentar la pena de arresto a los que hacen el trabajo informal de cuidacoches, en el espacio público.

En las reuniones preparatorias al debate de la ley, solo una voz se diferenció del resto: fue el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda. El funcionario propuso, por la condición de adictos de algunos trapitos, que era necesaria la opinión de los especialistas de Salud Mental. El gesto de Avellaneda reveló una comprensión más amplia de la marginalidad. Reconoció que la pobreza y la exclusión suelen estar acompañadas de problemas de salud mental y consumo problemático.

Avellaneda podría haber obviado la adicción entre los trapitos, ya que su función ejecutiva es la preservación del orden público y la tranquilidad ciudadana. Pero no lo hizo, todo lo contrario. Más allá que el trapito suele ocupar la vía pública y exigir dinero con vulneración de las normas de convivencia, introdujo -calculadamente o no- el espíritu de la ley de adicciones de la Provincia. La norma lucha contra la estigmatización y criminalización de los adictos y los considera pacientes de la salud mental. A pesar de estos principios éticos y sanitarios, los senadores no agregaron una línea sobre salud mental en el proyecto que votaron.

No es posible invisibilizar las condiciones psíquicas de los cuidacoches. Esta nueva ley que ordena el espacio público y aumenta los días de arresto, reduce la figura del trapito a un “infractor” sin matices personales y sociales.

La política legislativa de la provincia en materia punitiva, en que muchas veces también se liga a diversidades psicopatológicas de las personas, es regresiva e improvisada. Y ahora otra vez se repite la historia.

Los senadores no conocen el universo estadístico de los trapitos. Por ejemplo, cuántos son en la ciudad los que tienen ese trabajo informal con frecuencia; cuántos sufren de adicciones, a qué edades pertenecen; qué diagnóstico social aproximado muestra la pobreza en la que viven y, finalmente, si hay reincidentes de las sanciones del Código Contravencional. Los senadores votaron a ciegas.

Al no conocer los datos de un censo con esos interrogantes respondidos, los senadores provinciales aprobaron una política de control social, ignorando las características humanas y sociales de aquellos que pretenden ordenar. En Salta, repetidas veces prevalece la lógica sancionatoria por sobre otras cuestiones relativas a la condición humana.

Esa lógica sancionatoria choca con otra, la lógica asistencial, que permite el acceso a un tratamiento, a programas de inclusión laboral, acompañamiento psicosocial y a revelar cómo es el rol del trapito en una economía de supervivencia.

Falta en nuestros legisladores más interpretación de las leyes nacionales y provinciales sobre salud mental. Cuando hablan, legislan o tienen un diálogo periodístico, desconocen que el consumo problemático y la marginalidad no son delitos, sino indicadores de riesgo que requieren políticas públicas.

Los senadores se precipitaron, otra vez, en el urgencismo de la situación que demanda resolver el problema del trapito en la vía pública. No aceptan fácilmente la respuesta sanitaria porque es lenta y estructural, y sí comparten la solución contravencional porque es inmediata y coercitiva.

El resultado fue que lograron una doble marginalización: el cuidacoches es castigado por ocupar la vía pública sin autorización y, al mismo tiempo, si va preso, se le puede estar negando la asistencia integral que la ley de adicciones promete. Muchos senadores creen que toda esta elucubración sanitarista-legal la debe resolver el juez de Falta que arrestará al trapito.

Una forma más de desligarse de la obligación que tienen de hacer cumplir las leyes. Sobre todo, aquellas que son un avance de las políticas de salud mental para enfrentar la exclusión social con justicia y dignidad.