Diego Bustos deja la Jefatura de Policía de Salta: las principales acusaciones durante su gestión

Con la designación de Walter Toledo como nuevo jefe de la Policía de Salta, se cerró una etapa de poco más de dos años en la que Diego Antonio Bustos estuvo al frente de la fuerza. Su salida deja atrás una gestión atravesada por episodios de alto impacto, investigaciones internas, reclamos del personal, denuncias periodísticas y hechos que expusieron falencias en el funcionamiento de la institución. Si bien nunca fue imputado penalmente por estos casos, gran parte de ellos ocurrieron bajo su conducción y marcaron el pulso de una gestión que nunca logró escapar de las controversias.

Uno de los primeros cuestionamientos surgió en octubre de 2024, cuando una investigación periodística reveló la designación del comisario José Luis Alfaro al frente de la Unidad Regional N° 4 de Tartagal. La decisión generó polémica porque Alfaro ya había sido señalado por presuntos cobros irregulares en el pasado e incluso había afrontado medidas disciplinarias. La publicación sostuvo que existía una antigua relación de amistad entre Bustos y el funcionario ascendido, lo que alimentó sospechas de favoritismo dentro de la cúpula policial. Aunque nunca existió una imputación judicial contra Bustos por ese nombramiento, el episodio golpeó la imagen de una gestión que recién comenzaba.

Con el correr de los meses, las críticas dejaron de provenir únicamente desde afuera. Dentro de la propia Policía comenzó a crecer un fuerte malestar por las condiciones laborales. Efectivos consultados por distintos medios denunciaban móviles averiados, chalecos antibalas vencidos, falta de equipamiento, escasez de recursos y salarios que no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. En ese contexto, la decisión de avanzar con cambios de uniformes fue interpretada por muchos uniformados como una medida superficial frente a problemas mucho más urgentes. Las críticas internas llegaron a describir una conducción más preocupada por la imagen institucional que por resolver las dificultades cotidianas del personal que debía patrullar las calles.

El descontento también alcanzó a los aspirantes y efectivos recientemente egresados de la fuerza. Durante meses, familiares y grupos de policías reclamaron públicamente por la demora en los nombramientos de la promoción 2025, denunciando que muchos prestaban servicios sin haber sido incorporados formalmente ni percibir haberes. Si bien esos planteos no derivaron en un reconocimiento oficial de responsabilidades por parte de la Jefatura, el conflicto se convirtió en uno de los reclamos más repetidos durante la gestión y profundizó el desgaste de la conducción policial.

El episodio institucional más grave ocurrió en octubre de 2025, cuando la Policía de Salta quedó envuelta en un escándalo por la desaparición de 62,5 millones de pesos que se encontraban bajo custodia judicial en dependencias de la Brigada de Investigaciones de Orán. El faltante derivó en una investigación penal y en la suspensión preventiva de 21 efectivos. Bustos aseguró públicamente que la institución no toleraría hechos de corrupción y ordenó colaborar con la Justicia. Sin embargo, el caso expuso una de las mayores fallas de control interno registradas en la fuerza durante los últimos años y reavivó los cuestionamientos sobre la capacidad de supervisión de la cúpula policial.

Los problemas bajo custodia policial tampoco pasaron inadvertidos. Durante la gestión de Bustos se registraron fugas de detenidos desde distintas comisarías de la provincia. Entre los casos más resonantes se encuentra la evasión de tres presos alojados en la Comisaría N° 1 de Orán, un hecho que motivó un amplio operativo de búsqueda y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de las dependencias policiales. Meses después, otro episodio similar se produjo en Embarcación, donde dos detenidos escaparon de una comisaría, situación que derivó en una investigación penal para determinar posibles responsabilidades administrativas y operativas.

Quizás uno de los hechos más sensibles ocurrió en enero de 2026 en la Comisaría N° 1 de Joaquín V. González, donde un detenido murió mientras permanecía alojado en un calabozo policial. La investigación judicial determinó que presentaba lesiones compatibles con una golpiza y la Fiscalía imputó a los otros siete detenidos que compartían la celda por el delito de homicidio agravado. Paralelamente, organismos de derechos humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura realizaron inspecciones en la dependencia y reclamaron esclarecer las condiciones de alojamiento y los mecanismos de control existentes dentro de la comisaría. Aunque la investigación no apuntó contra Bustos de manera personal, el episodio volvió a instalar interrogantes sobre el funcionamiento de las dependencias policiales bajo su conducción.

A estos hechos se sumó un escenario permanente de reclamos vecinales por la inseguridad en distintos puntos de la provincia. Barrios de la Capital y localidades del interior reclamaron durante gran parte de su gestión una mayor presencia policial y respuestas frente al crecimiento de los delitos contra la propiedad. Cada nuevo episodio de alto impacto volvía a colocar el foco sobre la Jefatura de Policía y alimentaba las críticas políticas hacia una conducción que nunca logró consolidar una imagen de fortaleza institucional.

Con la llegada de Walter Toledo se abre una nueva etapa para la Policía de Salta. Sin embargo, la gestión de Diego Bustos deja una serie de episodios que seguirán formando parte del debate sobre el funcionamiento de la fuerza: nombramientos cuestionados, millonarias irregularidades internas, fugas de detenidos, una muerte bajo custodia policial, reclamos del personal por falta de recursos y una creciente demanda social por mayor seguridad. Un conjunto de hechos que marcaron una conducción que terminó bajo la lupa y cuyo reemplazo representa, para muchos, el reconocimiento de que era necesario iniciar un nuevo ciclo.