Un debate pobre en conceptos para cuidar la salud mental digital

Los diputados salteños otra vez incursionan en las prohibiciones fáciles. Quieren restringir o prohibir el uso de redes sociales a menores, impulsados principalmente por los diputados Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Omar Exeni.

En la última sesión del martes pasado debatieron con bastante inconsistencias técnicas, conceptuales y de oportunidad política los proyectos que datan del 2025 y 2026.

Subidos a las exigencias que creó la reciente masacre escolar de Santa Fe y a la tendencia global, los legisladores tienen ahora en la mira a los chicos que usan internet. Como el tema es resbaladizo y necesita de asesores altamente capacitados en distintas especialidades (a este paso cansino, los diputados no lo tendrán) dejaron el debate por falta de conclusiones. Lo discutido volvió a comisión para que siga su tratamiento.

La iniciativa responde a una combinación de factores locales, nacionales y a una tendencia regulatoria global para las redes que más usan las infancias y las adolescencias.

Los diputados están interpelados por las últimas amenazas escolares vividas en Salta. Dejaron el tendal de 165 intervenciones policiales por amenazas (bombas o tiroteos) en establecimientos educativos en las últimas semanas. Hubieron 20 personas demoradas y 6 detenidos. Entre ellos, la gran mayoría son menores de edad, alumnos de las propias instituciones, aunque también hay dos mayores de edad vinculados.

En el ámbito nacional no hay todavía iniciativas para controlar el uso de las redes para menores de 13 años y establecer un régimen de supervisión parental obligatoria hasta los 16. Los legisladores sostienen que el uso excesivo de plataformas como TikTok o Instagram provoca ansiedad, depresión, estrés y falta de sueño en adolescentes. Una regulación vendría a frenar el crecimiento alarmante de delitos digitales como el grooming (acoso sexual a menores), ciberacoso y la ludopatía digital.

El debate sobre este asunto no tuvo datos epidemiológicos, solo algunos porcentajes generales de varias fuentes. Los diputados no se dieron cuenta que a sus argumentos les falta epidemiología local, tampoco no tienen de donde conseguirlos. Los organismos estatales no llevan seriamente las estadísticas que luego se deberían aplicar a la políticas públicas.

La rectoría de Salud Mental de la provincia contagió a los diputados con sus crónicas opacas al informar a la prensa. En lugar de asumir un rol propositivo, los legisladores terminaron repitiendo ese mismo estilo: se limitaron a ser comentaristas de los problemas más graves de la salud mental. Así, redujeron el debate a culpabilizar a las plataformas digitales por provocar ansiedad, depresión, estrés y falta de sueño en adolescentes, sin aportar diagnósticos serios ni políticas públicas de intervención.

Si el diagnóstico del problema es la falta de control parental a los hijos, las redes TikTok e Instagram, el cerebro con escaso desarrollo madurativo de los chicos y la falta de una normativa federal clara al respecto, falta entonces hacer el tratamiento. Y en este punto, derrocharon el diagnóstico y quedaron trabados en el tratamiento del problema. No están preparados ni científicamente ni técnicamente para diseñar la solución.

En Salta, aún a los legisladores que quieren leyes que van a obligar solo a personas muy expuestas, como los chicos, no les importa prescindir de la información técnica proveniente de la vigilancia epidemiológica (que no se hace) y de la atención primaria de la salud mental (solo balbuceada en el terreno). Todo es a ojo de buen cubero; lo mismo en el caso de la salud mental digital.

En todo debate con una agenda que resguarde a los nativos digitales de los delitos comunes cometidos en las redes, se usan palabras clave.

En la sesión legislativa hablaron de grooming (acoso sexual a menores), ciberacoso, ludopatía digital y violencias escolares, las físicas y las simbólicas.

Los países más avanzados que previenen delitos en las redes son, entre otros, España, Australia, China, Francia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Portugal y Corea del Sur. Todos implementan un conjunto de herramientas técnicas (en Salta los diputados todavía no pueden definirlas) y prácticas legales obligatorias.

Las herramientas técnicas probadas en el mundo son la prevención y la educación; excepcionalmente, el punitivismo de la justicia distributiva.

Las dos palabras llaves para afrontar en serio el problema, la prevención y la educación, fueron escuchadas 24 veces en las discusiones de los 22 diputados de distintos bloques.

Entre oficialistas y oposición la prevención fue nombrada 14 veces y la educación solo recibió 10 menciones. Lo significa que los diputados no privilegian el tratamiento del problema priorizando la intervención de la salud mental. Al contrario, el punitivismo y las restricciones, vía judicializaciones, ocuparon más espacio en los discursos escuchados. Por la regulación se hicieron 8 menciones y por la prohibición de las redes 19. Es decir, 27 menciones para restringir y/o judicializar.

El lenguaje que usaron fue revelador de lo que piensan: no priorizar a la salud mental ni la educación como política pública.

El paradigma de la OMS plantea que la salud mental infantil debe abordarse con prevención, promoción y derechos. En el debate, esa mirada quedó relegada frente a la lógica del control y el castigo.

Un debate de inmensa pobreza conceptual, como si sufrieran de demencia. Olvidaron legislar para construir la política pública integral de salud mental digital. Nueva categoría sanitaria para atender hoy y aquí los síntomas de la sociedad digital contemporánea.

Perdieron el tiempo debatiendo si Salta puede ser pionera en tener una ley con el método judicializante y moralizante, que vigile a los padres y a los chicos. Optaron por discutir más como castigar que como cuidar.