Después de ocho meses trabajando gratis, el Gobierno nombró a solo 50 agentes penitenciarios y dejó a más de 100 esperando

Después de ocho meses de prestar servicio sin percibir un sueldo, el Gobierno de Salta finalmente oficializó el nombramiento de una parte de los aspirantes del Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, la medida quedó lejos de resolver el conflicto: solo 50 agentes fueron incorporados, mientras que más de un centenar continúa esperando una firma que les permita ingresar formalmente a la fuerza.

La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa Nº 271, establece la designación de los agentes con vigencia retroactiva al 1 de julio de 2026. Pero el propio Gobierno deja asentado que el resto de los aspirantes será incorporado "de manera gradual y progresiva", sujeto a las necesidades operativas del Servicio Penitenciario y a la disponibilidad presupuestaria de la Provincia. En otras palabras, para quienes quedaron afuera no existe una fecha concreta de nombramiento.

La noticia llega después de meses de reclamos públicos. Desde fines del año pasado, los aspirantes denunciaron que cumplían funciones dentro de distintas unidades penitenciarias sin haber sido incorporados administrativamente y, por lo tanto, sin cobrar un salario. La situación fue expuesta en reiteradas oportunidades por El Caudillo, que siguió de cerca el reclamo de los casi 200 aspirantes.

Incluso desde la propia conducción del Servicio Penitenciario admitieron que la demora era difícil de justificar. En diálogo con El Caudillo, la subdirectora general Romina Valeria Calisaya reconoció que la situación "no era justa" para quienes ya prestaban servicio. Más tarde, el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, anticipó a este medio que el Ejecutivo avanzaría con un primer grupo de aproximadamente 50 nombramientos en junio, algo que finalmente terminó concretándose casi 30 días después.

Pero para los aspirantes que quedaron fuera de esta primera tanda, 140 aproximadamente, la realidad no cambió. Después de ocho meses de espera, siguen dependiendo de futuras decisiones administrativas, sin un cronograma oficial que garantice cuándo llegará su turno.

Mientras el Gobierno habla de incorporaciones progresivas, más de cien familias continúan atravesando la misma incertidumbre que denunciaban hace meses. La deuda con quienes trabajaron para el Estado sin cobrar todavía está lejos de saldarse.