Una bolsa de maíz movilizó a la Justicia salteña; 11.815 hectáreas deforestadas siguen otro camino judicial

En la Fiscalía Penal de Embarcación, a cargo de la fiscal Gabriela Souto, los tiempos de respuesta del fuero penal muestran una marcada asimetría: por un lado, una acusación por la tentativa de sustracción de una bolsa de maíz desencadena la inmediata intervención policial y una semana de privación de la libertad contra un joven de una comunidad originaria. Por el otro, 11.815 hectáreas de monte nativo deforestadas ilegalmente —el caso de afectación ambiental más extenso registrado en la historia reciente de la Argentina— navegan desde hace más de una década en el fuero civil y comercial entre apelaciones, prórrogas y litigios por embargos, sin que el hecho haya derivado en responsabilidades penales efectivas para sus responsables.

El contraste de ambas causas expone el funcionamiento del sistema institucional en Salta: la máxima rigurosidad penal aplicada sobre el eslabón social más vulnerable y la dilatada tramitación burocrática ante los pasivos ambientales a gran escala.

1. El maizal de los descalzos: la celeridad ante el eslabón débil

El caso de Ariel Costas, un joven wichí de la zona, refleja el despliegue del brazo punitivo estatal ante hechos de mínima cuantía económica. El episodio ocurrió en el predio «Gotardo» (General Ballivián) —explotado por la estructura empresarial de la familia Karlen—, donde tras la denuncia por el presunto intento de llevarse una bolsa de maíz, la Policía de Salta actuó de inmediato.

A partir de la denuncia promovida por la administración del predio, la fiscal Gabriela Souto encuadró el hecho bajo la figura de tentativa de hurto y solicitó formalmente al Juzgado de Garantías la mantención de la detención, logrando que el joven permaneciera privado de su libertad durante siete días en un calabozo.

El nexo del absurdo: Mientras la Fiscalía de Souto movilizó recursos del Estado de forma exprés para custodiar el maíz de los Karlen en la finca Gotardo, esa misma propiedad ha sido el epicentro del desmonte ilegal de 11.815 hectáreas sin que sus administradores hayan pisado una celda.

2. El caso Karlen: 11.815 hectáreas en el laberinto cautelar

A escasa distancia geográfica, la situación procesal de los empresarios agropecuarios Juan José y Daniel Darío Karlen exhibe una dinámica diametralmente opuesta. En 2013, la causa por el desmonte no autorizado de 11.815 hectáreas de bosque nativo en el departamento San Martín se convirtió en la mayor infracción a la Ley de Bosques Nativos ($26.331 millones) de la que se tenga registro.

Las dimensiones del daño acreditado

• Superficie afectada: Equivalentemente a más de la mitad de la superficie total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Evaluación ambiental: Pérdida irremediable de biodiversidad, degradación de suelos y afectación directa al hábitat tradicional de las comunidades originarias.

A pesar de que organizaciones ambientales como Greenpeace denunciaron los hechos hace más de diez años y las autoridades administrativas confirmaron la ilegalidad de la tala, las consecuencias para los empresarios se han limitado al terreno del litigio administrativo y financiero.

Mientras un joven indígena fue privado de su libertad tras ser acusado por una bolsa de cereal, los responsables del desmonte récord transitan el proceso judicial mediante la presentación de recurrentes recursos de apelación. Recientemente, la defensa de los finqueros interpuso un nuevo recurso ante la Cámara de Apelaciones contra la ampliación de un embargo preventivo dispuesto para garantizar eventuales tareas de remediación ambiental, argumentando supuestas modificaciones en el reordenamiento territorial.

Durante más de una década, los acuerdos de recomposición se vieron postergados y los predios continuaron bajo aprovechamiento productivo, sin que ninguno de los responsables haya estado privado de su libertad ni un solo día por el pasivo ambiental generado.

RESPUESTA ESTATAL SEGÚN EL IMPACTO Y EL ACTOR

CASO 1: Tentativa de Hurto

ACUSADO: Joven Wichí

BIEN AFECTADO: Una bolsa de maíz

VÍA: Fuero Penal (Fiscalía)

MEDIDA: 7 días de celda efectiva

CASO 2: Desmonte Ilegal Masivo

ACUSADOS: Empresarios Agropecuarios

BIEN AFECTADO: 11.815 hectáreas de monte

VÍA: Administrativa y Civil/Comercial

MEDIDA: Litigio por embargos y multas

3. Auxilio policial y prioridades de custodia

La actuación de las fuerzas de seguridad en la región también deja al descubierto prioridades dispares. Ante el llamado formulado por la administración de la finca agrícola por la supuesta falta de maíz, la comisión policial acudió con inmediatez, procediendo a la detención y al traslado del sospechoso.

En contraste, la fiscalización de la tala indiscriminada y la conservación de miles de hectáreas de monte protegido dependen de complejos esquemas de inspección que, en la práctica, no lograron detener a tiempo la maquinaria pesada en los momentos en que se ejecutaba el desmonte masivo.

4. El mensaje institucional

La coexistencia de ambos procesos expone una contradicción profunda en la aplicación de la ley dentro del sistema de justicia salteño:

1. Selectividad punitiva: El fuero penal despliega su máximo rigor privativo de la libertad frente a hechos menores imputados a sectores postergados.

2. Dilación en grandes causas: Las infracciones ambientales a gran escala, que afectan bienes colectivos e intergeneracionales, son canalizadas por vías civiles y administrativas susceptibles de dilaciones indeterminadas.

3. Invisibilización de la vulnerabilidad: La detención de personas en situación de pobreza extrema por bienes de subsistencia tensiona los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir el accionar del Ministerio Público Fiscal.

La bolsa de maíz fue restituidas al predio; el joven wichí recuperó la libertad tras siete días encarcelado. Mientras tanto, las 11.815 hectáreas de bosque nativo arrasadas continúan a la espera de una remediación efectiva que el laberinto judicial salteño aún no ha logrado garantizar.