El velo oscuro de la minería: la infiltración del crimen transnacional en la industria

Por Julio Antonio Palavecino (*)

La industria minera, que crece de forma exponencial y hoy constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico, no es un fenómeno exclusivo de esta región, sino de muchas naciones. Es crucial para la transición energética, pero actualmente enfrenta una amenaza creciente y silenciosa: la ineludible penetración del crimen organizado transnacional (COT). Este fenómeno global va mucho más allá de la minería ilegal a pequeña escala; representa un desafío para la seguridad y compromete la estabilidad, la gobernanza, el medio ambiente y los derechos humanos.

La lucrativa naturaleza de los minerales —especialmente el oro, la plata, el cobre y los llamados “minerales críticos” necesarios para las tecnologías renovables, como el litio— ha convertido al sector en un blanco atractivo para redes criminales que buscan diversificar sus operaciones y lavar ganancias provenientes de actividades ilícitas.

El creciente vínculo entre la minería y el crimen organizado

Históricamente, el crimen organizado se centró en actividades que podríamos llamar tradicionales, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Sin embargo, la minería ha emergido como un nuevo y atractivo campo de acción. Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024) destaca que los grupos delictivos se han "incorporado" a las cadenas de suministro de oro hasta el punto de representar una "grave amenaza global".

Esta infiltración se lleva a cabo mediante diversos modus operandi. Los grupos criminales no solo operan en la extracción ilegal, sino que también controlan rutas comerciales, logística, suministro de equipos e incluso infraestructura de refinación. Se aprovechan de la débil supervisión y las lagunas regulatorias para lavar activos, financiar otras actividades ilícitas y facilitar el contrabando de minerales.

Antecedentes globales: lecciones y desafíos

La problemática de la infiltración criminal en la minería no es exclusiva de una región, sino un fenómeno global, con antecedentes alarmantes en diversas partes del mundo.

América Latina: el auge del oro ilegal

En América Latina, especialmente en la región amazónica y en países como Colombia, Perú y Bolivia, la minería ilegal de oro ha llegado a superar en valor al narcotráfico en algunas zonas. Grupos narcos han diversificado sus operaciones hacia el oro, aprovechando rutas e infraestructuras ya establecidas para el contrabando de drogas. Casos emblemáticos, como la toma de control de minas legales por parte de grupos armados, demuestran la audacia y capacidad de adaptación de estas redes.

La amenaza de los “minerales críticos”

La creciente demanda de “minerales críticos” —como el litio, el cobalto y las tierras raras— para la transición hacia energías limpias también ha abierto una nueva puerta para el crimen organizado. A medida que aumenta su demanda y valor, las redes criminales ven una oportunidad para infiltrarse en sus cadenas de suministro, especialmente en regiones con gobernanza débil y escasa gestión de seguridad interagencial.

Hacia una respuesta integral

La lucha contra la penetración del crimen transnacional en la minería exige una respuesta multifacética y coordinada a nivel multiagencial.

• Fortalecimiento de la gobernanza y la regulación:
  Es crucial mejorar la supervisión y la transparencia en el sector minero, cerrando las lagunas legales que facilitan el lavado de dinero. Los gobiernos deben fortalecer su capacidad para regular y fiscalizar las operaciones mineras.
• Cooperación internacional y aplicación de la ley:
  La naturaleza transnacional del problema exige una mayor colaboración entre países. Las fuerzas de seguridad deben mejorar sus capacidades para investigar y prevenir redes criminales vinculadas a la minería, detectar flujos financieros ilícitos y desmantelar estructuras de financiamiento delictivo.
• Debida diligencia en la cadena de suministro:
  El sector privado tiene un rol fundamental en garantizar que las actividades mineras provengan de fuentes legales y responsables. Implementar una estructura rigurosa de debida diligencia puede ayudar a interrumpir la cadena de valor del COT.
• Protección de las comunidades:
  Las respuestas deben priorizar a las comunidades vulnerables, muchas veces aisladas y con tiempos de respuesta limitados ante emergencias. Esto incluye combatir la explotación laboral y los abusos contra los derechos humanos.

Por todo esto, si bien la minería es vital para el desarrollo económico de la región, no debe convertirse en un refugio para el crimen organizado. Proteger la integridad del sector debe ser una prioridad esencial para garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible y un futuro más seguro para todos.