Financiera Saulo: más de un año después de la condena, exoneraron al policía implicado en la estafa

El Gobierno de Salta dispuso la exoneración de Nelson Javier Cabana, sargento retirado de la Policía provincial condenado por su participación en las estafas de la financiera Saulo Capital. La medida fue oficializada mediante el Decreto 751, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La sanción administrativa llega más de un año después de que se conociera la condena judicial contra los responsables de la financiera, que provocó perjuicios económicos a numerosas víctimas mediante operaciones en pesos, dólares y moneda digital.

Cabana había sido condenado por el Tribunal de Juicio de la Sala III en el marco de la causa JUI Nº 178.149/2024. El decreto provincial lo vincula con una pena de 10 años y 6 meses de prisión, además de accesorias legales y costas.

La medida se adoptó tras la conclusión de un sumario administrativo instruido por la Policía de Salta. Según los fundamentos del decreto, la Dirección General de Asuntos Internos consideró acreditadas faltas muy graves, relacionadas con el incumplimiento de los deberes y obligaciones propios de la función policial.

Hasta ahora, Cabana se encontraba bajo retiro obligatorio, dispuesto mediante el Decreto 235/2023. Con la nueva resolución, esa situación fue convertida en destitución por exoneración, una de las sanciones más severas dentro del régimen disciplinario de la fuerza.

Una condena por una estafa de gran magnitud

En septiembre de 2025, la causa Saulo Capital derivó en condenas de prisión efectiva para tres hombres. Marcelo Alfredo Morales recibió 10 años y 6 meses de cárcel, mientras que Nelson Rogelio Ramos y Nelson Javier Cabana fueron condenados a 10 años y 5 meses, según la información difundida entonces.

Los delitos incluyeron estafas reiteradas, asociación ilícita y vaciamiento de empresas. En el caso de Morales, la acusación contempló 520 hechos de estafa.

La resolución administrativa publicada ahora establece la exoneración de Cabana por las irregularidades acreditadas en el sumario policial, en consonancia con los antecedentes de la causa penal.

El decreto lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Seguridad Nicolás Avellaneda y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.