Certificados por discapacidad truchos: Amad habló y puso cifras al escándalo. Hay 5.000 pensiones irregulares bajo la lupa en Anta

La investigación por la presunta maniobra de pensiones por discapacidad en el departamento Anta tomó una nueva dimensión luego de que el fiscal general federal Carlos Martín Amad revelara nuevos detalles sobre el expediente que ya tiene a 15 personas imputadas, entre ellas el diputado provincial Gerardo Orellana.

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En diálogo con El Caudillo, Amad precisó que dentro del universo de pensiones que se encuentran bajo investigación, aproximadamente 5.000 fueron detectadas con irregularidades en la zona de Anta, un dato que dimensiona la magnitud de una causa que comenzó con denuncias por certificados médicos presuntamente apócrifos y terminó exponiendo una posible estructura organizada para acceder de manera fraudulenta a beneficios del Estado.

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El fiscal fue contundente al describir el punto hasta donde llegó la investigación: “Fuimos directamente a la fábrica de estos certificados apócrifos”.

Según explicó, la pesquisa permitió identificar personas que habrían cumplido distintos roles en el otorgamiento de las pensiones. La investigación apunta a determinar cómo se confeccionaba la documentación, quiénes intervenían en cada etapa y cómo esos trámites terminaban ingresando al sistema.

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Dos hospitales públicos bajo la lupa

Uno de los datos más sensibles aportados por Amad es que la investigación alcanzó a dos hospitales públicos de Anta: el Hospital de El Quebrachal y el Hospital de Joaquín V. González.

La Fiscalía investiga la presunta utilización de documentación médica irregular y la participación de distintos profesionales y personas vinculadas al sistema sanitario en el armado de los certificados necesarios para acceder a las pensiones. Pero la maniobra no terminaba necesariamente en Anta.

Amad explicó que los trámites eran remitidos desde la oficina de ANSES de Joaquín V. González directamente hacia Buenos Aires, donde también existen investigaciones relacionadas con distintos eslabones de esta cadena.

Por ahora, el fiscal aseguró que no encontró indicadores de una figura superior instalada en la provincia de Salta que estuviera detrás de toda la operatoria. La investigación, sin embargo, continúa avanzando sobre los distintos participantes y sobre lo ocurrido fuera de la provincia.

Una causa que puede crecer

La Fiscalía imputó a los involucrados por un abanico de delitos que incluye asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública. En algunos casos también se investigan posibles incumplimientos de deberes de funcionario público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.

La causa todavía se encuentra en una etapa inicial. Amad remarcó que resta avanzar sobre buena parte de la documentación y reconstruir los diferentes tramos de la operatoria.

Por eso, aunque las cifras ya son millonarias y el número de pensiones bajo sospecha resulta extraordinario, desde la Fiscalía advierten que todavía queda mucho camino por recorrer para determinar responsabilidades individuales y dimensionar definitivamente el perjuicio ocasionado al Estado.

Todas las personas imputadas permanecen en libertad y a derecho. Hasta el momento, la Justicia no detectó elementos que indiquen riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La causa que comenzó en Anta, mientras tanto, ya no parece ser solamente una investigación sobre certificados médicos falsos. La Justicia busca reconstruir una cadena completa: quién fabricaba la documentación, quién la validaba, quién gestionaba las pensiones, cómo ingresaban los trámites al sistema y quiénes, eventualmente, se beneficiaban con la maniobra.

Y en ese recorrido aparecen nombres de médicos, funcionarios, empleados y dirigentes políticos que ahora deberán explicar cuál fue exactamente su participación.