La trama de las pensiones que sacude a Anta: imputaron a 15 personas y el caso apunta a una millonaria maniobra

La Justicia Federal volvió a poner bajo la lupa una presunta estructura que habría operado en el departamento Anta para obtener pensiones no contributivas por discapacidad mediante documentación médica irregular. La causa tomó una nueva dimensión con la imputación de 15 personas, entre ellas el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana.

El expediente investiga una presunta maniobra que habría involucrado la falsificación de certificados médicos, estudios e historias clínicas. Entre los acusados también aparecen médicos, bioquímicos, exgerentes hospitalarios y empleados municipales. El objetivo de la investigación es determinar cómo se habría organizado el mecanismo, quiénes participaban y qué función cumplía cada uno.

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La investigación es encabezada por el fiscal general federal Carlos Martín Amad y tiene como uno de sus principales focos al departamento Anta. Según los datos incorporados a la pesquisa, existirían alrededor de 9.000 pensiones bajo sospecha, mientras que el perjuicio económico estimado para el Estado rondaría los $3.280 millones mensuales.

La causa también contempla la posible intervención de gestores que habrían cobrado dinero para facilitar el acceso a los beneficios. De acuerdo con la investigación, esos pagos habrían oscilado entre $20.000 y $1 millón, dependiendo de cada trámite.

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Cuando el escándalo comenzó a instalarse públicamente en El Quebrachal, El Caudillo difundió videos que generaron fuerte repercusión y que mostraban a un profesional vinculado al caso en una situación que aparecía seriamente comprometida.

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Aquellas imágenes fueron difundidas cuando todavía comenzaban a conocerse las denuncias y contribuyeron a poner el foco sobre el funcionamiento de los trámites y la intervención de distintos actores en la presunta operatoria.

Ahora, con la formalización de las imputaciones, aquella controversia adquiere una nueva dimensión judicial. La investigación deberá establecer si las situaciones denunciadas formaban parte de un mecanismo organizado y cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno de los involucrados.

La magnitud de las cifras investigadas explica por qué el expediente genera preocupación: 9.000 pensiones bajo sospecha y un supuesto perjuicio mensual de miles de millones de pesos convierten el caso en una de las investigaciones de mayor impacto en Anta.

La Justicia deberá avanzar sobre la documentación, los trámites, los eventuales pagos y las responsabilidades individuales para determinar si existió una estructura destinada a fabricar documentación médica y obtener beneficios de manera fraudulenta.

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Los imputados, mientras tanto, mantienen su presunción de inocencia hasta que la Justicia determine sus responsabilidades mediante una resolución firme.

Con información de Aries