Allanaron casas en Tartagal por una investigación ligada al brutal crimen escolar que conmociona a Santa Fe

La Justicia de Salta realizó allanamientos en el departamento San Martín en el marco de una investigación vinculada al violento crimen ocurrido dentro de una escuela de la provincia de Santa Fe, donde un adolescente murió y otros estudiantes resultaron heridos.

Los procedimientos se realizaron en Tartagal tras un requerimiento enviado desde la Fiscalía Nº 5 de Rafaela, que investiga el hecho ocurrido el pasado 30 de marzo en la localidad santafesina de San Cristóbal y que generó conmoción en todo el país.

Ante la gravedad del caso, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, ordenó conformar una Unidad Fiscal especial integrada por la fiscal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal Pablo Cabot, quien interviene por tratarse de menores de edad.

La investigación se activó luego de detectar elementos digitales vinculados a un menor residente en el norte salteño. De acuerdo a la información oficial, durante el análisis de evidencia tecnológica aparecieron manifestaciones y conductas asociadas a procesos de radicalización, violencia extrema y participación en entornos virtuales preocupantes.

Con autorización del juez de Menores Aníbal Burgos, los fiscales avanzaron con allanamientos, registros e inspecciones en dos domicilios de Tartagal para secuestrar celulares, computadoras y distintos dispositivos tecnológicos considerados clave para la investigación.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que los investigadores buscaron determinar posibles conexiones digitales con el crimen escolar ocurrido en Santa Fe, en medio de una creciente preocupación nacional por comunidades virtuales donde adolescentes comparten contenidos violentos o extremos.

Durante los operativos se secuestraron equipos informáticos y soportes digitales que ahora serán sometidos a peritajes técnicos. Sin embargo, según el análisis preliminar, no surgieron elementos que indiquen la existencia de un hecho independiente o una amenaza concreta contra la comunidad salteña.

Por tratarse de menores de edad y existir víctimas involucradas, toda la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial. Además, intervino la Asesoría de Incapaces junto a organismos de niñez y familia, mientras se dispuso custodia policial fija y una audiencia judicial con el adolescente investigado y sus padres.