Los chicos "antiescuela" ya están entre nosotros

Las amenazas de tiroteo esparcidas por todo el país, incluida la provincia de Salta, muestran que ya están entre nosotros los alumnos ganados por  la violencia simbólica contra sus escuelas.

Los chicos tienen el síntoma del vínculo roto con la escuela y la percepción subjetiva de que ya no les transmite valores, ni acciones de socialización, menos el principio. Perdieron el afecto por ella. La frecuentan por obligación.

Como en el medio existe un delito estrépito foro, se da una tensión entre la ley penal y los educando. Observamos a una escuela sumida en su más profunda impotencia como organizadora social y en una crisis por no contener el interés personal de los chicos.

Para llegar a esta violencia simbólica, la escuela no predijo el contagio que iba a producir la masacre reciente en San Cristóbal, Santa Fe. Entonces faltó la vigilancia epidemiológica de la salud mental de los jóvenes. Salta tiene un Observatorio de la Violencia Escolar, pero evidentemente fracasado con la misión de prevenir.

Hoy es la policía llamada a llenar el vacío institucional que dejó la escuela por estar aferrada a rutinas sin resultados.

Los docentes y los directivos educativos fueron reemplazados por fiscales, jueces y abogados defensores. Se llega así a la judicialización de la adolescencia, a que la socialización a cargo de una escuela, para algunos chicos debe ser realizada en tribunales.

No se consideró el síntoma sonoro de los adolescentes violentos. Son productos de las redes que los envuelven como un paquete y los arroja a la agresión simbólica.

Los chicos, en nombre de un reto viral, marcaron ese vacío institucional que la escuela hoy llega tarde para llenarlo.

Faltó psicología social, educacional y un trabajo social profundo. Con esas herramientas se podría haber atenuados  el brote de violencia simbólica vivido en los últimos días. Los jóvenes ya dejaron de ser confiables para el Estado. Apareció prematuramente el estigma de los adolescentes violentos.

Hay que comenzar de nuevo. En octubre del 2025, Salta presentó en sociedad su Programa de Prevención de la Violencia Escolar con 4 mil millones de pesos para que funcione, cuenta con un observatorio de la violencia, tiene personal técnico y apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia. Es de imaginar que los responsables del programa hoy tienen más preguntas que respuestas sobre el rol que hasta aquí cumplieron en la prevención de la violencia escolar. Podrían elaborar una hipótesis de trabajo de que el adolescente no encuentra reconocimiento en la institución y recurre a la intimidación como forma de hacerse visible. Trabajar, además, el síntoma de la tremenda ruptura del lazo escolar que se ha sufrido.

En el día después de las amenazas, la respuesta es que la escuela debe volver a ser reintegradora, no expulsiva. A los infractores les debe esperar un programa de justicia restaurativa, un modelo de mediación escolar y el funcionamiento de los espacios de reparación simbólica.

Hemos llegado a que el educando, el rey del sistema, es ahora un mendigo que podría rogar inclusión escolar. Ya está culpabilizado, algunos sometidos al régimen penal juvenil, y otros, los mayores de edad, directamente expuestos a una condena por atentar contra la seguridad pública.

En ese momento contrario a toda salto de calidad educativa, la escuela quedó paralizada. Hasta llegó a contabilizar inasistencias voluntarias de los chicos que tuvieron miedo a los supuestos tiroteos y dejaron de ir a clase. Tendrán las escuela volver a los talleres de expresión artística, proyectos de participación juvenil, tutorías personalizadas, etc. que conviertan los desafíos en sinónimo de creatividad.

Los que enseñan deben estar advertidos. Se necesitan, mínimamente docentes formados en crisis juveniles, ocupar a psicólogos escolares expertos en los nuevos síntomas contemporáneos del desarrollo tecnológico y en redes de apoyo con las familias.

Judicializar sin acompañar es condenar a los adolescentes a un destino de exclusión. La escuela empática y asertiva propone lo contrario: convertir la sanción en oportunidad de reintegración, donde la escuela y la comunidad se vuelvan escenarios de reparación. El desafío es pasar de la lógica del castigo a la lógica del lazo, porque lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la posibilidad de que esos jóvenes vuelvan a sentirse parte de un proyecto colectivo.