



Por Rodolfo Ceballos
Los anestesistas –injustamente- están observados como profesionales que pueden dar garantías de salud mental. Todo esto ocurre porque algunos de sus colegas, según está informada la opinión pública, pueden dar la vida por consumir sustancias psicoactivas en la privacidad. Son productos que manipulan en el quirófano, ámbito exclusivamente hospitalario.
Recordemos que a en el siglo XIX se documentaba en Europa y Estados Unidos la inhalación generalizada de éter, óxido nitroso y cloroformo. En Argentina, la alarma se encendió en 1992, cuando la Revista Argentina de Anestesiología publicó una investigación en el Hospital Muñiz sobre el consumo de cocaína, opiáceos, hipnóticos, anfetaminas, marihuana, ácido lisérgico y pegamentos inhalantes entre profesionales de la salud. El estudio reflejaba también cómo el problema era silenciado por temor a dañar la reputación institucional.


Esa alarma no se apagó. La muerte reciente por sobredosis del anestesista Alejandro Zalazar, del Hospital Gutiérrez, y el escándalo en el Hospital Italiano con Hernán Boveri y Delfina Lanusse -acusados de sustraer propofol y fentanilo para uso recreativo- reabrieron un debate que no es nuevo.
Los que manipulan diariamente opioides, benzodiacepinas y agentes hipnóticos, tienen aumentado el riesgo de uso indebido. Es por eso que a los anestesistas hay que cuidarlos con protocolos muy exigentes y no tan solo apelar a los valores éticos de cada uno. Por lo visto eso no alcanzó para los sucesos escandalosos que se vienen investigando en los hospitales Italiano, Fernández y Rivadavia.
De lo que se trata es la salud mental del anestesista que debe ser cuidada con protocolos que permitan al menos, la protección de la vulnerabilidad psíquica que pueden tener y también la fragilidad laboral de su actividad. Esta última sufre de alta presión: guardias extensas, cirugías prolongadas, salarios bajos en el sector público y la responsabilidad de mantener la vida del paciente. Estos factores generan un nivel de estrés que favorece la búsqueda de alivio rápido, por ejemplo en las adicciones.
En este contexto, el consumo problemático suele ser un intento de automedicación frente a síntomas de ansiedad o depresión no tratados.
En Salta podemos preguntarnos si por la falta de una política pública sanitaria seria, las profesiones de riesgo están atendidas en su salud mental.
Como lo que se hace en la rectoría de salud mental es opaco, no se dan a conocer campañas de prevención en las mismas unidades de trabajo donde están los anestesistas.
¿Existen protocolos regulares de tamizaje psicológico y toxicológico en anestesiología? ¿Los hospitales cuentan con programas de apoyo confidencial que permiten al profesional pedir ayuda sin temor a sanciones inmediatas?.
La formación de los residentes es limitada y sería oportuno saber si incluye módulos sólidos sobre salud mental y prevención de adicciones.
La reiteración de casos en distintos períodos muestra que la anestesiología argentina carece de una política sostenida de prevención y acompañamiento.
El mayor riesgo social de no atender preventivamente la salud mental en la anestesiología es la estigmatización que puede hacer de la especialidad –por presión mediática- la sociedad desinformada.
Hace falta la detección temprana que permita perfeccionar los controles toxicológicos preventivos y realizados periódicamente.
El estigma es una forma de violencia invisible que se suma al abandono institucional. Si la anestesiología salteña no enfrenta este problema con políticas claras de prevención y acompañamiento, corre el riesgo de que sus profesionales sean vistos más como sospechosos que como guardianes de la vida.
Como advertía el sociólogo Erving Goffman, que el estigma no describe a la persona, sino a la relación entre su identidad y la mirada social. En este caso, la mirada salteña no puede ser desde el estigma: no se trata de anestesistas “drogados”, sino de profesionales expuestos a un sistema que los deja solos frente a la presión y el acceso a sustancias.

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