El Reloj de la Impunidad y el Desafío de Aplicar la Ley

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina dejó de ser un debate teórico: hoy es ley vigente. Durante años, el tema naufragó en un mar de eufemismos. Se hablaba de "vulnerabilidad", de "contexto" y de "protección", mientras en las calles la realidad dictaba una sentencia mucho más cruda: el delito no tiene edad, pero la justicia parecía tener una miopía selectiva. La sanción de la norma marca un punto de inflexión. No fue un acto de crueldad, sino, ante todo, un acto de realismo.

Sin embargo, aquí yace la verdadera prueba. Una ley, por más contundente que sea, no es más que tinta si el motor que debe hacerla funcionar sigue fallando. La baja de la imputabilidad puede ser el primer paso hacia una seguridad más sólida, pero solo si la Justicia deja de ser el obstáculo para convertirse en el pilar.

El verdadero drama no es solo el joven que delinque. El drama es el funcionario de escritorio, ese arquitecto del garantismo extremo que, durante años, convirtió el proceso penal en una estructura desconectada de la realidad. Para estos sectores, la víctima fue muchas veces un dato estadístico y el victimario una “víctima del sistema”. Bajo esa lógica:

• Se confundió garantía con permisividad.
• Se transformó el proceso penal en una puerta giratoria.
• Se ignoró que la justicia debe proteger al inocente y responsabilizar al culpable, sin importar su edad.

Hoy, con la ley ya en vigencia, la pregunta es inevitable: ¿la Justicia va a acompañar o va a seguir en contramano?

Si la nueva normativa se aplica dentro de un sistema que mantiene las mismas prácticas, el resultado será idéntico: frustración social y sensación de impunidad. El impacto real en la seguridad dependerá, directamente, de la firmeza institucional con la que se ejecute.

En Salta, donde el tejido social todavía resiste pero el delito avanza, el margen de error es mínimo. No alcanza con reformar el Código si quienes deben aplicarlo continúan operando bajo criterios que relativizan la responsabilidad penal.

Una sociedad que no se atreve a señalar la responsabilidad de sus miembros, sin importar su edad, es una sociedad que renuncia a su futuro.

La baja de la edad de imputabilidad envía un mensaje claro: hay consecuencias. Pero ese mensaje solo será creíble si la Justicia abandona la comodidad del discurso y se planta en la realidad. La seguridad no se construye únicamente con presencia policial, sino con la certeza de que el que las hace, las paga. De lo contrario, la ley será apenas un gesto político sobre una herida que sigue abierta.