Otra familia que fue traicionada por el Estado

El femicidio de Natalia Cruz, en Campo Quijano, asesinada por su pareja Daniel Orlando Serapio, prófugo de la justicia durante 10 días, dejó muchos mensajes: el jurídico (solo era un expediente más de violencia familiar antes del crimen), el policial (no se la pudo custodiar por falta de personal disponible) y el psicológico-familiar (de pérdida irreparable, absurda y fuerte cuestionamiento cierto y emocional al sistema de cuidados por parte del Estado).

Azucena, hermana de la víctima, por sus comentarios a la prensa, emitió el mensaje psicológico-familiar más contundente. Lagrimeando y muy enojada, mostró cómo es el dolor psíquico en un hogar desatendido por el Estado. El mismo que el escritor Kafka describió tétricamente en su literatura, muy parecido al lobo que devora sin reparo a corderos ciudadanos indefensos.

Azucena: precisó que Natalia pidió ayuda antes del crimen, pero le dijeron que escaseaba el personal. El caso que ocupa la crónica policial refleja una tragedia doble: la hermana de Natalia, Amira Vázquez, en el 2017, también perdió la vida a los 17 años en otro femicidio. La mató su pareja, Eduardo Córdova Marín, de 30 años, que se suicidó tras el crimen en el baño de unas canchas de fútbol en Campo Quijano.

Estos acontecimientos tan dolorosos en la misma familia son un trauma acumulado que marca mucho más la sensación de destino trágico y desamparo.

La frase de que no se la ayudó a su hermana representa un ataque a la vida, a la protección social y a la justicia misma. El Estado es el que quedó cuestionado, generando una herida profunda en la familia por la negligencia institucional.

Este crimen es otro ejemplo para conocer qué pasa cuando no se protege una medida perimetral. Aparece el monstruo de la burocracia indiferente que reduce la vida a diligencias varias y ritods judiciales,vacíos de humanidad. Esto causa tristeza profunda, y la familia busca algún sentido a su dolor. Lo transforma en lucha social, corte de rutas, declaraciones a la prensa, clama por justicia con movilizaciones y cambios estructurales en la política criminológica salteña contra los femicidas. Hasta ahora no hay un abordaje eficiente de la violencia familiar.

Para la familia, el Estado le negó justicia a la víctima, idea que aumenta el sufrimiento psíquico. Acudió con resoluciones y detenciones después de la demanda urgente de una ciudadana atemorizada y vulnerable.

La llegada masiva de policías luego del crimen simboliza la traición institucional: el Estado que debía proteger a Natalia falló, y esa desidia se convierte en parte del trauma porque su muerte, con decisiones justo a tiempo, era evitable.

El duelo por Natalia no es únicamente íntimo, reservado a sus deudos, sino también político y social.

La seguridad del Estado tiene la responsabilidad y obligación de prevenir finales que no son naturales.