



Es inadmisible y profundamente doloroso que, en pleno 2026, tres mujeres junto a sus hijos se encuentren en situación de calle: una de ellas cursa un embarazo de riesgo, no cuentan con alimento y están expuestas al intenso calor, mientras los organismos que deberían protegerlas permanecen ausentes.
Resulta aún más grave que estas mujeres denuncien haber sufrido maltrato psicológico, verbal e institucional dentro del hogar destinado a brindar contención a víctimas de violencia. Un espacio que debería ser refugio y protección no puede transformarse en un ámbito de hostigamiento, amenazas y vulneración de derechos.
Denuncian haber recibido comida en mal estado, falta de asistencia médica y, lo más alarmante, amenazas vinculadas a la posibilidad de quitarles a sus hijos si se animan a denunciar las irregularidades. Este tipo de prácticas constituyen violencia institucional y una gravísima violación a los derechos humanos.


Como trabajadora social, he denunciado situaciones similares en reiteradas oportunidades. Lamentablemente, estas situaciones no son hechos aislados: se han vuelto moneda corriente frente a un Estado que mira hacia otro lado.
Exigimos intervención inmediata, asistencia integral urgente para estas mujeres y sus hijos, garantías de protección real y una investigación seria sobre el funcionamiento del hogar y del Polo de la Mujer y Derechos Humanos.
La violencia no se combate con más violencia. La protección no puede convertirse en amenaza. El silencio institucional también es una forma de violencia.
No podemos naturalizar lo que es inaceptable.

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