Salta: Niña de 12 años se encadenó para impedir la interrupción de su embarazo

Una escena profundamente dolorosa y alarmante se vivió ayer en la Ciudad Judicial de Tartagal: una niña wichí de apenas 12 años, embarazada de cinco meses, apareció encadenada en el ingreso al edificio, acompañada por familiares y referentes comunitarios que aseguran que la pequeña “solo quiere tener a su bebé”.

La imagen —una nena visiblemente conmocionada, pidiendo que no intervengan sobre su cuerpo— expone una de las situaciones más complejas, sensibles y urgentes que atraviesa Salta en materia de derechos de infancia, salud y comunidades originarias.

Mientras la familia insiste en “respetar la voluntad de la niña”, desde el Estado recuerdan que, por ley, una menor de esa edad no puede consentir ningún tipo de relación sexual. Es decir, siempre se trata de un caso de abuso, más allá de la cultura, la comunidad o el vínculo entre las personas involucradas.

La funcionaria del área de Niñez, Paula Tackzek, fue categórica: “No existe consentimiento válido de niñas o niños para mantener relaciones sexuales”. 

Desde el entorno cercano, Marcela Calermo, vocera de la familia y de la comunidad, pide que “se escuche a la niña”, que se tenga en cuenta su deseo de continuar con el embarazo. Sin embargo, esa petición choca de lleno con un marco legal que considera este embarazo como producto de un delito… y con un debate social que se tensa entre la autonomía cultural, la protección de la infancia y la violencia sexual invisibilizada en territorios vulnerables.

La situación es crítica: una niña que debería estar jugando, riendo, yendo a la escuela, hoy aparece encadenada, llorando y pidiendo que la dejen seguir adelante con un embarazo que jamás debió existir. Salta vuelve a exhibir una herida que no cierra: niñas madres, comunidades sin acompañamiento real y un Estado que interviene tarde, mal o dividido.

El padre, en este caso, sería otro menor de 14 años de edad, compañero, aparentemente, de la niña en su colegio.