¿Cuántos guardiacárceles más deben morir? La deuda del Estado con la salud mental del Servicio Penitenciario

La muerte de Silvina, la guardiacárcel encontrada sin vida este fin de semana en La Merced, reabrió una herida profunda dentro del Servicio Penitenciario de Salta: la desprotección psicológica, estructural y humana que padecen quienes todos los días ponen el cuerpo en uno de los trabajos más desgastantes del sistema de seguridad.

Porque más allá de lo que determine la investigación sobre su fallecimiento, lo cierto es que la fuerza penitenciaria arrastra un historial de abandono emocional y administrativo, donde la salud mental de sus agentes parece valer menos que cualquier trámite interno.

Y esta no es la primera vez que un caso expone la falta de contención. Hace pocos meses, otra agente penitenciaria también decidió quitarse la vida, agobiada por presiones internas que jamás debió enfrentar sola. Era madre de un niño con autismo y buscaba un simple traslado para poder acompañarlo mejor. No solo se lo negaron: le exigieron abandonar carpetas psiquiátricas bajo amenazas de expulsarla de la fuerza. Terminó acorralada por el mismo sistema que debía cuidarla. Su historia, como la de tantos, nunca tuvo respuestas oficiales.

Mientras tanto, muchos agentes deben pagar psicólogos de su bolsillo, porque el Departamento de Bienestar –que debería ser el sostén emocional del personal– funciona más como un sello administrativo que como una red de ayuda real. Un área que, en los papeles, existe; pero que en la práctica, casi no contiene a nadie.

Meses atrás, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá, reconoció ante El Caudillo que el abordaje psicológico “estaba mejorando” en su estructura ministerial y dentro de la Policía de Salta. Pero el Servicio Penitenciario no es la Policía, y sus problemáticas son totalmente distintas… y cada vez más urgentes.

Las guardias extensas, la sobrecarga laboral, las presiones internas, el estrés constante, el contacto permanente con situaciones de violencia y la ausencia de protocolos de salud mental compatibles con la realidad del trabajo penitenciario conforman una combinación explosiva que ya dejó más de una vida en el camino.

¿Cuántos guardiacárceles más deben morir para que el Estado entienda que la salud mental no es un trámite, sino un derecho? Porque mientras el Servicio Penitenciario siga exigiendo cuerpos fuertes pero negándose a sostener mentes agotadas, cada guardia, cada turno y cada silencio impuesto seguirán sumando nombres a una lista que nadie quiere seguir leyendo.