Policía extorsiva: Exigieron $18 millones para habilitar el clásico Central - Juventud

La organización del superclásico salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte quedó expuesta a un mecanismo que, lejos de ser un servicio, se parece cada vez más a una extorsión institucionalizada. La Policía de Salta exige cerca de 18 millones de pesos para habilitar el operativo de seguridad del amistoso del 7 de diciembre. Sí: dieciocho millones. Cuatro veces más de lo que Juventud, dice, pagó en un partido oficial del Federal A hace apenas unos meses.

El presidente antoniano, Juan Carlos Segura, fue claro: la cifra es exorbitante y supera por lejos cualquier referencia previa. Pero también fue categórico al describir la situación: si no se paga, el partido no se juega. No porque los clubes no quieran hacerlo, sino porque es la propia Policía la que tiene la potestad para autorizar o bloquear la realización de eventos masivos. En Salta no se negocia: se acata o se suspende.

El sistema es perverso. Si la organización quisiera prescindir de los servicios policiales y reforzar seguridad privada —algo perfectamente viable en cualquier provincia o país— tampoco podrían hacerlo. El requisito es obligatorio. No hay alternativa legal ni operativa. Los clubes y cualquier productor de eventos están atrapados bajo el mismo mecanismo. 

Lo más grave es que la Policía sabe cuándo hay un partido que genera expectativa masiva. Sabe que va a ir gente. Sabe que es un clásico. Y en ese contexto, la cifra “se ajusta” según la demanda: si el evento convoca, el precio sube. El mensaje es tan simple como brutal: si querés jugar, pagá lo que te pedimos.

Para dimensionar el desbalance: en el último cruce oficial entre Juventud y Central Norte, durante el Federal A 2024, se dispusieron alrededor de 500 efectivos. Pero lo que se cobra como adicional no responde a un cálculo proporcional ni transparente. No es “costo operativo dividido por efectivos”. No. Es una cifra impuesta. Y quienes organizan no tienen margen de cuestionarlo porque la Policía es juez, parte y cobrador.

El superclásico salteño quedó así en un laberinto donde los clubes no compiten contra sus rivales deportivos, sino contra un esquema estatal que les fija precios, les vende un servicio obligatorio y encima los controla. Un sistema donde la Policía —un organismo público financiado por impuestos— le cobra a las instituciones deportivas por cumplir una función de seguridad que debería ser razonable, equitativa y transparente.

El clásico se jugará igual. Segura lo anunció: “Sí o sí”. Porque para dos instituciones que cierran el año rascando el fondo de la olla, esta recaudación es vital. Porque no jugarlo sería perder ingresos, perder apoyo popular, perder identidad. Y porque, finalmente, aceptar estas condiciones es la única puerta disponible para que el evento exista.