El fraude del “Puesta a Punto”: millones destinados a escuelas provinciales y en El Quebrachal terminaron en yuyos cortados

Con la Resolución 1147, el Gobierno provincial creó el Plan Puesta a Punto de las Escuelas, que otorgó fondos millonarios a todos los municipios con el objetivo de dejar las instituciones educativas en condiciones antes del inicio del ciclo lectivo 2025. Los maestros, incluso en vacaciones, recorrieron cada rincón de la provincia relevando cloacas colapsadas, techos que se caen, paredes húmedas, ventanas rotas, circuitos eléctricos destruidos, falta de agua, entre otras falencias. Todo quedó registrado en planillas enviadas al Ministerio de Educación.

Sin embargo, en El Quebrachal, el programa terminó reducido a un simple corte de pasto. Allí, el intendente Rolando Rojas recibió fondos para 27 instituciones educativas, con un monto asignado de 10 millones de pesos por escuela, es decir, 270 millones de pesos en total. Según un informe aportado por el periodista local Néstor Pavón, el dinero solo se tradujo en desmalezamiento realizado por empleados municipales, mientras los graves problemas estructurales siguen intactos.

El propio Rojas contrató además a una empresa tercerizada —propiedad de su amigo personal, Mario Bazán— para supuestamente ejecutar los trabajos del programa. Nada de lo prometido se realizó. A la fecha, con el ciclo lectivo a dos meses de concluir, las escuelas siguen esperando las reparaciones básicas.

El Caudillo se comunicó con docentes de 22 instituciones del municipio y la respuesta fue unánime: las obras nunca llegaron. Bajo pedido de resguardo de identidad por temor a represalias por parte de Rolando Rojas, los testimonios son desgarradores:

“No queremos ni mirar nuestra escuela. Tenemos todas las instalaciones eléctricas en mal estado y las paredes llenas de humedad. Los papás nos preguntan si es seguro mandar a sus hijos, y no sabemos qué responderles”, relató una docente.

“Solicitamos la bomba de agua desde el principio, hoy tenemos que acarrear baldes y muchas veces los papás vienen a ayudarnos con el aseo de la escuela porque tampoco tenemos personal de ordenanza”, señaló otro trabajador de la educación.

“Tuvimos que vender rifas para solventar gastos de los chicos”, denunció una tercera voz.

Mientras tanto, Rojas, en su segundo mandato, jamás dio explicaciones sobre el destino de los fondos ni se dispuso ninguna auditoría desde el Ejecutivo provincial para controlar los millones girados. Vecinos lo señalan como un intendente autoritario y marcado por la corrupción, incluso más que su antecesor, Nardo García —esposo de la actual diputada por Anta, Marcela Leguina—, quien ya había sumido al municipio en la miseria.

Hoy, con la educación pública en ruinas, El Quebrachal carga con una estafa institucional que no solo desnuda corrupción, sino también desprecio por la dignidad de miles de niños que merecen estudiar en escuelas seguras.