La Justicia salteña dejó libre al condenado cura violador Gustavo Zanchetta

El Tribunal de Impugnación de Salta decidió otorgar la libertad condicional al exobispo Gustavo Zanchetta, condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual agravado contra dos exseminaristas. Una resolución que indigna y que vuelve a dejar en evidencia los privilegios de la Justicia salteña cuando se trata de poder eclesiástico.

En Orán, los jueces que llevaron adelante el juicio rechazaron una y otra vez los pedidos de beneficios del condenado. Sin embargo, desde los despachos de la capital provincial se armó un verdadero camino de favores: primero lo enviaron a cumplir domiciliaria en un convento, después le permitieron viajar a Europa bajo el pretexto de un tratamiento médico, y ahora directamente lo dejan libre.

Las víctimas no callaron: “Zanchetta nunca cumplió la condena como correspondía”, expresaron con dolor. Cada beneficio concedido es, para ellas, una nueva humillación y una clara señal de impunidad.

El Papa Francisco protegía al violador

Jorge Bergoglio, durante su período como máxima autoridad de la Iglesia Católica a nivel mundial, le aceptó la renuncia como obispo de la Diócesis de Orán el 31 de julio de 2017, tras argumentar problemas de salud. Poco después, Zanchetta abandonó la Argentina y se instaló en España, donde fue nombrado por el propio ex Papa como asesor del ente que administra el patrimonio de la Santa Sede. Además de la causa por abuso sexual, en Salta sigue abierta otra investigación por posible estafa al Estado y administración fraudulenta durante su gestión en Orán, lo que incluso motivó el allanamiento del obispado en noviembre de 2019.e

Entre curas no se pisan la sotana

A la par de la indulgencia judicial, la actitud del actual obispo de Orán, Luis Scozzina, profundiza el escándalo: habilitó al condenado a usar instalaciones eclesiásticas, minimizó públicamente los abusos y nunca se solidarizó con las víctimas. La grieta dentro de la Iglesia local sigue abierta: algunos sacerdotes lo denunciaron y pidieron justicia, mientras otros lo defendieron incluso tras la condena firme.

La decisión del Tribunal de Impugnación no solo libera a un abusador condenado, también golpea de lleno a toda la sociedad que reclama justicia. El mensaje es brutal: un cura condenado por abusar de seminaristas puede obtener privilegios que cualquier preso común jamás tendría. La impunidad, en este caso, tiene nombre y apellido.