Fuertes allanamientos en Joaquín V. González, Quebrachal y Capital por pensiones "truchas" por discapacidad

Más de 60 efectivos de Gendarmería Nacional y 20 vehículos intervinieron ayer en 17 allanamientos simultáneos en El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña. Los operativos, solicitados por el fiscal federal Carlos Amad y autorizados por el juez Julio Bavio, forman parte de una investigación que examina más de 22,000 pensiones por discapacidad tramitadas de forma irregular.

Certificados de discapacidad truchos: El médico acusado usaba sellos del Hospital Romero

La indagatoria, que se inició hace seis meses, está basada en denuncias, testimonios y cruces de información de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Administración Nacional de la Seguridad Social. Hasta el momento, se han recolectado evidencias que podrían dar lugar a imputaciones por asociación ilícita, falsedad ideológica de documentos y una millonaria defraudación a las arcas nacionales.

Los posibles acusados incluyen médicos, bioquímicos, funcionarios municipales y actores políticos involucrados en la creación de expedientes con certificaciones alteradas. En Joaquín V. González, los allanamientos abarcaron oficinas de ANSES y Acción Social, así como el Centro de Integración Comunitaria del barrio San Antonio, que era utilizado para gestionar pensiones. En El Quebrachal, los gendarmes ingresaron a consultorios médicos y dependencias municipales señaladas como "puntos clave" en la emisión de Certificados Médicos Obligatorios falsificados.

[VIDEO] Así extorsionaba el médico a pacientes para firmar el Certificado de Discapacidad en Quebrachal

Los operativos también incluyeron la ciudad de Salta, donde se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, dinero y documentación crucial para evidenciar una red de gestores, profesionales de la salud y funcionarios implicados en la emisión de certificados médicos fraudulentos y tramitaciones de pensiones no válidas.

Fuentes oficiales indican que durante años ha funcionado en Salta y provincias vecinas como Jujuy y Chaco una "industria de pensiones irregulares", con precios establecidos por diagnósticos de enfermedades, que servían como justificativos para acceder a beneficios fraudulentos. La investigación busca desarticular esta red y atribuir responsabilidades penales a particulares y funcionarios en ejercicio. El siguiente paso en el proceso será un análisis exhaustivo del material incautado, que incluirá comunicaciones entre los involucrados.