¿Venganza de Milei? El Gobierno promulgó la Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero en la misma publicación del Boletín Oficial dejó en claro que no entrará en vigencia hasta que el Congreso defina cómo se financiará. En otras palabras: la norma existe, pero no se aplicará.

La decisión, tomada a través del Decreto 681/2025, generó indignación entre organizaciones y familias de personas con discapacidad, que días atrás habían realizado un paro y manifestaciones en todo el país, incluida la ciudad de Salta, para reclamar la puesta en marcha de esta ley.

Desde el Ejecutivo que encabeza Javier Milei argumentan que el costo de la emergencia supera los $3 billones, lo que representa el 0,35% del PBI, y que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” las fuentes de financiamiento. El decreto advierte que sin esa definición, la administración nacional no cuenta con créditos presupuestarios suficientes para cubrir la creación de pensiones, la cobertura médica y la compensación a los prestadores de servicios.

El Gobierno responsabilizó directamente al Congreso, exigiendo que adopte las medidas necesarias para autorizar el incremento del gasto. Mientras tanto, la emergencia en discapacidad queda congelada, pese a la urgencia que viven miles de familias.

La polémica estalló en redes y en el arco político: ¿se trata de un freno técnico por cuestiones fiscales, o de una decisión política en represalia contra los legisladores que, semanas atrás, votaron en contra de los intereses del oficialismo? La duda quedó instalada, y la pregunta resuena: ¿es esta una venganza de Milei?