El Pilcomayo no espera, el Gobierno sí: Importa más la campaña de Royón que los anillos de contención en Santa Victoria Este

En plena carrera electoral, con el gabinete provincial alineado detrás de Flavia Royón, las advertencias que llegan desde Santa Victoria Este siguen siendo ignoradas. La falta de anillos de contención —estructuras que detienen el avance del río Pilcomayo durante la temporada de lluvias— pone en serio riesgo a las comunidades wichis y criollas del Chaco salteño.

Los especialistas coinciden: estos anillos deben instalarse entre agosto y septiembre para que tengan tiempo de asentarse antes de las lluvias más intensas que provienen del sur de Bolivia y provocan la crecida del río. Si se montan “sobre la hora”, como ha sido habitual, no logran frenar la fuerza del agua y terminan desmoronándose, lo que facilita inundaciones y obliga a evacuaciones masivas.

Santa Victoria Este no está inundada ahora —las crecidas graves se registran generalmente entre enero y febrero—, pero el fantasma del desastre vuelve a asomar. En 2018, cuando el Pilcomayo alcanzó niveles históricos de 7,26 m, más de 7 mil personas de esa localidad debieron ser evacuadas, rutas quedaron cortadas y pueblos enteros quedaron aislados. En aquel entonces, la falta de defensas robustas dejó al pueblo a merced del río.

En 2025, con la crecida alcanzando niveles críticos (6,38 m y en algunos puntos superando los 7 metros), vecindarios como Misión La Paz, La Puntana y La Curvita se vieron afectados, y se registraron derrumbes y evacuaciones. 

¿Por qué la demora?

La puesta en funcionamiento de un anillo de contención efectivo exige planificación, tiempo y mantenimiento. Montarlos tarde o de forma improvisada es prácticamente inútil. ¿Por qué entonces se sigue postergando una obra que podría salvar vidas y reducir pérdidas materiales? La respuesta tiene aroma a campaña: mientras los funcionarios recorren la provincia junto a la ex secretaria de Minería para posicionarla, y se preparan para las urnas, la obra estructural queda relegada. Y cuando el río se venga con fuerza, la asistencia será cara, compleja y obviamente tardía.

El gran dilema: ¿es más barato asistir tras la catástrofe que invertir en una prevención seria y oportuna? No es una especulación ni un discurso alarmista.

Si el Pilcomayo desborda nuevamente —como lo hizo en 2018, 2025 y podría hacerlo en 2026—, ¿cuántas familias se quedarán sin casa, caminos y cultivos? ¿Cuántas noches más pasarán los niños wichi lejos de su tierra?. El Gobierno de Salta debe entender que no es solo un problema climático o geográfico, sino político. La ausencia de obras de contención es una decisión política ante la que la gente ya paga con su futuro.