Avanza fuertemente el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a menores que delinquen

La Libertad Avanza logró avanzar este martes en la Cámara de Diputados con un dictamen para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, que ya quedó listo para ser tratado en el recinto, contempla una pena máxima de 15 años solo para delitos graves, pero busca dar prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro. El texto obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se manifestaron en contra.

 
El proyecto de Régimen Penal Juvenil original que habían enviado al Congreso los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo tuvo que consensuar en 14 años para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría frente a los 15 proyectos que había en debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.

“El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”, dijo la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.

 
Una de las principales críticas por parte de la oposición giró en torno a las inversiones destinadas para contar con lugares apropiados para detener a los menores. La iniciativa oficial propone la creación de institutos especiales donde esté garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. También queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.