Privatizaciones en marcha: Milei ordena el ingreso a las subastas para avanzar con la venta de empresas estatales

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de empresas y activos estatales. Mientras prepara la venta o concesión de compañías estratégicas, el Ejecutivo oficializó un procedimiento para ordenar quiénes podrán participar de las futuras subastas públicas y bajo qué condiciones deberán hacerlo.

La medida fue establecida mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa regula el mecanismo de inscripción para personas y empresas interesadas en intervenir en las subastas que se realicen a través de la plataforma SUBAST.AR, dentro del esquema de privatizaciones habilitado por la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado.

El cambio no implica una privatización concreta, pero sí prepara el terreno administrativo para los procesos que el Gobierno proyecta impulsar en los próximos meses. En otras palabras, mientras se multiplican los anuncios sobre ventas, concesiones y transferencias de activos públicos, la Casa Rosada avanza en la construcción del mecanismo que permitirá recibir ofertas.

A partir de ahora, quienes quieran participar deberán inscribirse previamente en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, disponible dentro de la plataforma CONTRAT.AR. La inscripción será un requisito obligatorio para intervenir en las subastas públicas vinculadas con la venta o concesión de bienes y empresas del Estado.

Los interesados que ya se encuentren registrados y validados dentro de ese módulo no deberán repetir el trámite. La disposición mantiene así el esquema aprobado durante 2025 y busca concentrar la información de los potenciales oferentes bajo un procedimiento común.

También podrán participar los concesionarios inscriptos en el marco de la Ley 17.520, siempre que las convocatorias se desarrollen bajo las normas que regulan las privatizaciones y la reforma del Estado.

Un circuito digital para disputar activos estatales

La nueva reglamentación establece que los participantes deberán cumplir con distintos pasos dentro de los sistemas digitales utilizados por la administración pública.

Para operar en SUBAST.AR, los interesados también deberán registrarse como oferentes mediante el sistema COMPR.AR, ingresando al apartado destinado a las subastas públicas.

Sin embargo, quienes ya formen parte del Sistema de Información de Proveedores, conocido como SIPRO, y tengan aprobada su inscripción en el módulo específico de privatizaciones quedarán exceptuados de realizar ese trámite adicional.

La normativa también exige que el usuario designado como Administrador Legitimado sea el mismo en las plataformas SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR. El objetivo oficial es unificar la identificación de los participantes y evitar diferencias entre los registros utilizados en cada etapa del proceso.

Detrás de la formalidad administrativa aparece un escenario político y económico de mayor alcance: el Gobierno continúa preparando la transferencia al sector privado de empresas, centrales energéticas y sistemas considerados estratégicos.

AySA, centrales térmicas e hidroeléctricas, entre los procesos en marcha

Uno de los expedientes más avanzados es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal responsable de los servicios de agua potable y saneamiento en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según el cronograma previsto, la apertura de los sobres técnicos se realizaría hacia fines de agosto, mientras que las ofertas económicas serían analizadas durante septiembre.

El proceso mantiene bajo la lupa el futuro de una compañía vinculada con un servicio esencial y abre interrogantes sobre las condiciones de la eventual transferencia, el papel que conservará el Estado y las consecuencias que podrían tener los cambios sobre los usuarios y los trabajadores.

A la lista se suman las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, cuyas licitaciones continúan en etapa de preparación.

En paralelo, el Poder Ejecutivo convocó esta semana a una licitación pública nacional e internacional para otorgar una nueva concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza. El proceso incluye la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.

De esta manera, el avance de las privatizaciones no queda limitado a una sola empresa. El esquema alcanza servicios de agua, generación eléctrica e infraestructura energética, sectores que durante décadas estuvieron bajo control o participación estatal.

El Estado organiza la venta mientras crece la discusión por los bienes públicos

El Gobierno sostiene que la estandarización de los procedimientos busca ordenar las convocatorias, unificar requisitos y facilitar la participación de potenciales oferentes.

Sin embargo, la disposición también deja en evidencia que el proceso de privatización continúa avanzando en la estructura administrativa, incluso antes de que varios de los proyectos lleguen a sus etapas definitivas.

La creación de un circuito específico de inscripción, validación y participación en subastas permite anticipar que el Ejecutivo busca acelerar los mecanismos necesarios para poner activos públicos en competencia.

La discusión ya no se limita a si determinadas empresas serán privatizadas, sino también a quiénes podrán adquirirlas, bajo qué condiciones se realizarán las operaciones y qué lugar conservará el Estado después de la transferencia.

Con AySA, centrales térmicas y sistemas hidroeléctricos dentro del calendario oficial, el Gobierno avanza en una nueva etapa de su programa económico: primero se habilitaron las herramientas legales; ahora se ordena el mecanismo para recibir a los interesados.

Mientras tanto, los activos construidos y sostenidos durante décadas con recursos públicos comienzan a ingresar en un circuito de subastas y concesiones. El procedimiento ya está en marcha y la lista de bienes bajo revisión sigue creciendo.