Salta lidera la extranjerización rural: el Senado nacional podría liberar la compra de tierras y acelerar la entrega del territorio

El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación volverá a poner en boca un proyecto que podría modificar de manera profunda el régimen de propiedad de las tierras rurales en Argentina. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei bajo el concepto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, busca eliminar restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La discusión no llega en un contexto neutral. El oficialismo ya había intentado avanzar con la medida, pero debió postergar su tratamiento ante la falta de votos suficientes. Ahora, el proyecto vuelve al Senado con una nueva fecha y con una consecuencia que podría sentirse con especial fuerza en Salta, la provincia donde la extranjerización de la tierra ya alcanzó niveles alarmantes en varios departamentos.

La iniciativa tiene fecha, tratamiento parlamentario y un objetivo concreto que es modificar las reglas que hoy limitan la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. En ese escenario, Salta aparece como uno de los territorios más expuestos.

Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales correspondientes a marzo de 2026, la provincia encabeza el ranking nacional de extranjerización del suelo rural. En el departamento de San Carlos, el 60% del territorio se encuentra bajo dominio de propietarios extranjeros. En Molinos, la cifra alcanza el 58%.

Los números revelan una realidad que supera cualquier advertencia teórica, en algunas zonas de Salta, más de la mitad de la tierra ya quedó en manos de propietarios o capitales del exterior, y mientras el Congreso se prepara para debatir la eliminación de los límites, la provincia ya convive con un proceso de concentración territorial que avanza desde hace décadas.

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. La norma también fijó restricciones sobre la cantidad de hectáreas que podía adquirir una misma persona o empresa extranjera.

El objetivo era evitar que grandes extensiones del territorio argentino quedaran bajo control de capitales externos y preservar la capacidad del Estado para intervenir sobre recursos estratégicos.

Ahora, el proyecto que llegará al Senado busca desarmar buena parte de esas restricciones y trasladar a las provincias una mayor responsabilidad sobre la regulación, autorización o prohibición de estas operaciones. Pero en Salta la discusión no se limita a la compraventa de campos.

La tierra concentra agua, minerales, petróleo, gas, bosques nativos, producción agrícola, zonas de frontera y territorios donde viven comunidades campesinas y pueblos originarios. Cada operación puede involucrar mucho más que una propiedad privada, también puede determinar quién controla los recursos, quién decide qué se explota y qué intereses terminan imponiéndose sobre el territorio.

El mapa de la provincia ya muestra la magnitud de esa presencia.

La empresa china High Luck Group opera concesiones petroleras en la zona de Tartagal y registra unas 300.000 hectáreas. En General Pizarro, los hermanos texanos Paul y David Gabel controlan más de 150.000 hectáreas destinadas a la producción de soja, trigo y ganadería bovina.

En la Puna, la compañía francesa Eramet avanza sobre unas 50.000 hectáreas para la explotación de litio, con una inversión anunciada de 400 millones de dólares.

Son cifras que muestran cómo grandes extensiones del suelo salteño quedaron vinculadas a capitales extranjeros dedicados a sectores estratégicos de hidrocarburos, minería y agronegocio.

El problema no es la existencia de inversión extranjera. Salta necesita producción, empleo, infraestructura y recursos para desarrollar sus economías regionales, pero la discusión se vuelve crítica cuando la inversión deja de ser una herramienta para el crecimiento y comienza a convertirse en una transferencia permanente del control territorial.

Porque una empresa puede invertir y generar actividad, pero también puede concentrar miles de hectáreas, controlar recursos naturales y tomar decisiones desde oficinas ubicadas fuera de la provincia e incluso fuera del país.

El ingreso de capital no garantiza que las ganancias permanezcan en Salta. Tampoco asegura que las comunidades locales tengan participación en las decisiones ni que la explotación de los recursos responda a las necesidades del territorio. El riesgo aparece cuando la tierra pasa a ser tratada únicamente como un activo disponible para quien tenga mayor capacidad de compra.

En esa competencia, un pequeño productor, una familia rural o una comunidad campesina no cuentan con las mismas herramientas económicas que una corporación minera, petrolera o agroindustrial con respaldo internacional.La desigualdad no se mide solamente en hectáreas. También se expresa en la capacidad de decidir.

Quien controla grandes extensiones puede definir qué se produce, qué se extrae, qué actividades se desarrollan y quién accede a determinados recursos. Cuando la propiedad se concentra, también se concentra el poder sobre el territorio y en Salta ese poder no se distribuye de manera equilibrada.

La provincia posee algunos de los principales proyectos de litio del país, importantes reservas de hidrocarburos, extensas áreas agrícolas, recursos hídricos estratégicos y una amplia frontera internacional. La apertura sin límites podría aumentar la presión sobre territorios que ya enfrentan conflictos ambientales, disputas por la tierra y reclamos de comunidades locales.

El antecedente tampoco es menor

A fines de 2023, el Gobierno de Milei intentó derogar la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia. La Justicia frenó esa iniciativa y la normativa continuó vigente. Ahora, el oficialismo busca alcanzar por vía legislativa lo que no pudo concretar mediante el DNU.

La estrategia cambió, pero el objetivo sigue en pie

El 6 de agosto, el Senado no discutirá solamente una modificación sobre la propiedad privada. También definirá hasta dónde pueden avanzar los capitales extranjeros sobre el territorio rural argentino y qué capacidad conservarán el Estado nacional y las provincias para establecer límites.

Para Salta el debate tiene un peso especial

Los datos de marzo de 2026 muestran que la extranjerización ya existe, ya ocupa una parte significativa del territorio y ya involucra recursos estratégicos.

San Carlos y Molinos son la evidencia más contundente: en ambos departamentos, la propiedad extranjera supera ampliamente el límite del 15% que estableció la legislación vigente. Si las restricciones desaparecen, el proceso podría profundizarse.Más tierras podrían quedar disponibles para grandes capitales. Más recursos podrían quedar bajo control de empresas con centros de decisión fuera de la provincia. Y las posibilidades de recuperar el dominio sobre esos territorios podrían reducirse con el paso del tiempo.

La tierra no es un recurso renovable

Una vez vendida, concentrada o transferida, volver a recuperarla puede resultar mucho más difícil que autorizar la operación.

Por eso, la discusión no debería reducirse a una confrontación entre inversión y rechazo al capital extranjero. La discusión central es qué condiciones se impondrán, qué controles existirán y qué beneficios quedarán realmente en las comunidades donde se extraen los recursos.

Salta necesita inversiones, pero también necesita reglas. Necesita empleo, pero no a costa de perder capacidad de decisión sobre su territorio. Necesita desarrollo, pero no un modelo en el que las riquezas salgan, las decisiones se tomen lejos y las consecuencias ambientales, sociales y territoriales permanezcan en la provincia.

Y el peligro ya no está solamente en lo que podría ocurrir: está en lo que viene sucediendo, de manera silenciosa, hectárea por hectárea, mientras el territorio se concentra y el control queda cada vez más lejos de quienes viven sobre él.