La otra cara del litio salteño: derrame químico en un rio de la Puna expuso fallas en los controles de la logística minera de la empresa Eramine

El vuelco de un camión que transportaba carbonato de sodio hacia el proyecto minero Centenario-Ratones, operado por Eramine en la Puna salteña, dejó expuesta una preocupación que excede el accidente vial. El derrame de material químico sobre el cauce de un río, la demora en comunicar lo ocurrido y la falta de maquinaria de la empresa transportista para responder a la emergencia encendieron las alarmas sobre los controles ambientales que acompañan a la actividad minera.

El vehículo pertenecía a GVH, una firma dedicada a prestar servicios de logística y transporte para emprendimientos mineros. El domingo, alrededor de las 7, el camión cayó por un barranco y parte de su carga terminó sobre el curso de agua, en cercanías de San Antonio de los Cobres. Aunque Eramine no aparece señalada como responsable directa del siniestro, era la destinataria de los insumos y su participación en la cadena de contratación y supervisión merece explicaciones.

La ingeniera María Paz Carrera, asesora ambiental del municipio, describió una serie de irregularidades en la respuesta posterior al accidente. Según explicó, los protocolos contemplaban que el transporte circulara acompañado por dos vehículos de apoyo, uno delante y otro detrás. Sin embargo, cuando llegaron los equipos municipales, esas camionetas no estaban en el lugar.

A esto se sumó un retraso significativo en la comunicación. El vuelco ocurrió cerca de las 7 y el municipio recién recibió información alrededor del mediodía, después de un aviso policial. La demora dificultó la intervención temprana y dejó en evidencia las limitaciones de la empresa para actuar frente a una contingencia ambiental.

El municipio puso la maquinaria que faltaba

Uno de los aspectos más preocupantes fue la falta de equipamiento de GVH para retirar inmediatamente el material derramado. Frente a esa situación, el municipio tuvo que disponer de sus propias máquinas para levantar los restos de carbonato de sodio que habían quedado acumulados en el río.

Carrera señaló que la empresa deberá afrontar económicamente los trabajos realizados. Sin embargo, el costo de retirar el material constituye apenas una parte del problema. La cuestión central es determinar si el derrame provocó alteraciones en el ecosistema y si las medidas de recuperación alcanzarán para evitar consecuencias posteriores.

La comunidad originaria Collas del Desierto también participó de las actuaciones y dejó asentado su malestar por la falta de comunicación con las autoridades locales y los pobladores, además de la demora en la respuesta frente al episodio.

Un producto químico y un río que necesita respuestas

El carbonato de sodio es un insumo utilizado en distintos procesos industriales, entre ellos la producción de litio. Al entrar en contacto con el agua puede elevar el pH y modificar las condiciones químicas del ambiente, con posibles consecuencias para microorganismos, peces y otros organismos acuáticos.

La asesora ambiental explicó que parte del material se disolvió, mientras que otra fracción quedó acumulada y se cristalizó, formando bloques que tuvieron que ser retirados. También confirmó que se realizaron mediciones y se tomaron muestras para su análisis en laboratorio.

Pero retirar los restos visibles no significa que el impacto esté neutralizado. La fracción disuelta pudo desplazarse por el cauce y es necesario conocer los resultados de los análisis para establecer si el agua recuperó sus condiciones habituales y si quedaron sectores afectados.

Carrera indicó que GVH deberá obtener los resultados de laboratorio y entregarlos a las autoridades y a la comunidad. Esa información será fundamental para determinar el alcance del episodio y establecer si hacen falta nuevas tareas de remediación.

Eramine y los controles sobre sus proveedores

Eramine opera el proyecto Centenario-Ratones, uno de los emprendimientos de litio más importantes de Salta, ubicado en el departamento Los Andes. Su actividad requiere un flujo permanente de insumos, maquinaria y materiales que deben atravesar caminos de alta montaña y territorios donde viven comunidades que dependen de un ambiente especialmente vulnerable.

La empresa no debe ser responsabilizada automáticamente por el vuelco de un camión de su proveedor. Sin embargo, el accidente abre una línea de investigación sobre los mecanismos de control que aplica a las firmas contratadas para abastecer sus operaciones.

Es necesario conocer qué condiciones de seguridad exige a los transportistas, cómo verifica el cumplimiento de los protocolos, qué planes de contingencia establece para el traslado de productos químicos y qué mecanismos de comunicación activa cuando ocurre una emergencia.

El interrogante también alcanza al Estado provincial. En junio de este año, distintas áreas del Gobierno habían anunciado que trabajaban en un protocolo para fortalecer la seguridad de la logística minera y mejorar la respuesta ante contingencias. Ahora corresponde conocer qué avances tuvo esa iniciativa y qué controles se aplicaron sobre las empresas que operan en los corredores mineros.

El equipo legal del municipio analiza posibles sanciones contra GVH. Pero la investigación no debería agotarse en determinar quién paga las máquinas utilizadas para retirar el producto. También debe esclarecerse por qué fallaron los mecanismos de prevención, qué ocurrió con el material que se disolvió y qué controles existían sobre el transporte destinado a Eramine.

La minería genera inversiones, producción y movimiento económico para Salta, pero también implica responsabilidades ambientales que no pueden quedar limitadas a declaraciones empresariales. En la Puna, donde el agua es un recurso esencial y escaso, un derrame químico no puede resolverse solamente retirando los restos visibles. La comunidad necesita información transparente, controles independientes y garantías de que el río no quedó expuesto a consecuencias que todavía no fueron determinadas.

Gentileza: El Tribuno