Consumo problemático, robos y presuntos abusos a menores a cambio de drogas: el desesperado reclamo de madres del norte que interpela al Gobierno de Sáenz

El avance del consumo problemático entre adolescentes y menores de comunidades originarias del norte salteño encendió una nueva señal de alarma. Madres de distintos pueblos del departamento San Martín realizaron una denuncia colectiva para exponer una realidad que ya no pueden enfrentar solas: chicos cada vez más vulnerables, familias desbordadas y situaciones de violencia que estarían creciendo alrededor de las adicciones.

El reclamo fue expuesto por referentes de comunidades originarias y tomó mayor gravedad con los testimonios difundidos por Laurentina Nicasio, presidenta de la Fundación Jualá de General Ballivián. Según relató, entre las consecuencias del consumo también aparecen robos y presuntas situaciones de abuso sexual entre jóvenes, incluso con menores que quedarían expuestos a situaciones de sometimiento para conseguir sustancias.

La dimensión de las denuncias obliga a mirar más allá de las familias y de las comunidades afectadas. Hay menores que necesitan protección, asistencia sanitaria, acompañamiento y dispositivos de tratamiento, mientras sus madres reclaman respuestas que, aseguran, todavía no llegan con la urgencia que exige la situación.

Y en ese escenario aparece una responsabilidad política concreta: la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC), conducida por Alba Quintar y dependiente de la Jefatura de Gabinete provincial. No se trata de un organismo ajeno a esta problemática ni de una oficina sin competencia territorial. Su razón de ser es precisamente articular las respuestas del Estado frente a los consumos problemáticos.

El contraste político es contundente: en enero de 2026, el Gobierno de Gustavo Sáenz creó una nueva Coordinación Interministerial para abordar esta problemática y designó a Quintar al frente. La estructura nació bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, con la promesa de ordenar y unificar las intervenciones de las distintas áreas estatales. Es decir, se creó una nueva estructura con una conducción específica y una responsabilidad que no puede diluirse entre ministerios. 

Meses después, el propio Gobierno presentó un Plan Provincial 2026 con programas como Guardianes Comunitarios, Tiempo Activo y Primer Impulso. Sin embargo, las denuncias que llegan desde el norte vuelven a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cuánto de esa planificación está llegando efectivamente a los chicos que hoy necesitan ayuda? 

La situación resulta todavía más preocupante porque en agosto la propia Quintar había reconocido públicamente que el escenario de los consumos problemáticos en Salta estaba «en rojo». Ahora, las madres de comunidades originarias vuelven a exponer una realidad que exige mucho más que reuniones, capacitaciones y anuncios de articulación. 

La creación de una coordinación no puede convertirse en un fin en sí mismo. Si el organismo fue diseñado para articular respuestas, su eficacia debe medirse en el territorio, en la detección temprana, en la asistencia concreta y en la protección de los menores. Y hoy, frente a la gravedad de las denuncias, las responsabilidades políticas comienzan a acumularse sobre la conducción de Quintar.

La contradicción política es difícil de ignorar. Mientras desde el Gobierno se promocionan estrategias de prevención y se habla de presencia territorial, son las propias madres quienes deben organizarse, denunciar y salir a pedir auxilio para proteger a sus hijos. La distancia entre los anuncios oficiales y la realidad de las comunidades vuelve a quedar expuesta.

El norte salteño necesita equipos profesionales, centros de atención, tratamientos accesibles, acompañamiento familiar y políticas sostenidas que contemplen también las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios. No alcanza con diseñar programas desde un escritorio ni con multiplicar encuentros institucionales si las respuestas no consiguen llegar a quienes más las necesitan.

A Alba Quintar y al Gobierno provincial les corresponde dar explicaciones y demostrar resultados. La coordinación fue creada precisamente para evitar que los organismos trabajen por separado, pero cuando las denuncias de semejante gravedad siguen llegando desde las comunidades, las responsabilidades empiezan a derrumbarse sobre quienes tienen a cargo esa política pública.

Los chicos no pueden seguir esperando que la burocracia termine de organizarse. Detrás de cada denuncia hay menores expuestos, familias desesperadas y una deuda estatal que ya no admite más anuncios.