¿Que ocultan? El INTA echó e inhabilitó a una científica que halló glifosato en la sangre de personas y hogares

La decisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de exonerar a Virginia Aparicio abrió un conflicto que excede la situación laboral de una investigadora. La ingeniera agrónoma participó en un proyecto internacional que midió la presencia de plaguicidas en personas, alimentos y distintos componentes del ambiente. Ahora, después de años de trabajo científico, enfrenta la sanción más severa de su carrera en el organismo, mientras su defensa sostiene que los argumentos administrativos utilizados no justifican una medida de semejante magnitud. 

El caso genera dudas por la coincidencia entre la investigación y el desenlace administrativo. Aparicio coordinó la participación argentina en SPRINT, un proyecto financiado por la Unión Europea que estudió la exposición a plaguicidas en distintos países. En Argentina, el relevamiento incluyó a 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas del sudeste bonaerense, entre ellas Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata. Se analizaron muestras biológicas y ambientales para conocer qué sustancias estaban presentes en la vida cotidiana de los participantes. 

Según los datos difundidos sobre el estudio argentino, se detectaron múltiples plaguicidas en las muestras de sangre, orina y materia fecal. El glifosato apareció en todas las muestras de materia fecal analizadas, mientras que el relevamiento también registró residuos de distintos productos en alimentos, polvo doméstico y pulseras utilizadas para medir la exposición cotidiana. En algunos hogares, los análisis identificaron decenas de plaguicidas en el polvo.

Estos hallazgos no significan, por sí solos, que todas las personas expuestas hayan desarrollado una enfermedad ni permiten establecer automáticamente qué consecuencias tendrá cada sustancia detectada. Pero sí ponen sobre la mesa una cuestión sanitaria y ambiental relevante: la exposición puede involucrar mezclas de productos y no solamente una sustancia aislada. Determinar sus efectos a largo plazo requiere más investigación, precisamente el tipo de trabajo que permite transformar mediciones en información útil para la prevención.

La polémica creció cuando se conoció la exoneración. El INTA fundamentó su decisión en presuntos incumplimientos administrativos relacionados con la coordinación del proyecto, la comunicación de información y otros procedimientos internos. La defensa de Aparicio rechaza esos argumentos, afirma que el trabajo contaba con conocimiento institucional y cuestiona la proporcionalidad de la sanción. Su abogado adelantó que buscará impugnar la medida por las vías correspondientes.