Acusan a uno de los "achichincles" de Roly Rojas de violencia domestica, privilegios y abuso de poder: "le pegó a su propio padre. El intendente lo sabia"

En El Quebrachal, la política municipal parece haber acumulado demasiados episodios que exceden la discusión sobre obras, servicios y administración de recursos públicos. La gestión de Rolando Rojas arrastra denuncias por presuntos hechos de violencia, cuestionamientos por el trato hacia la prensa y reclamos vecinales por la adjudicación de terrenos fiscales a personas vinculadas con su entorno. Cada uno de estos asuntos tiene sus particularidades, pero juntos alimentan una preocupación institucional que el municipio no puede resolver con silencio.

El problema no se limita a los nombres que aparecen en las denuncias. Lo que está en juego es la relación entre el poder y la comunidad, especialmente cuando los recursos municipales deberían responder a necesidades sociales concretas y no quedar envueltos en sospechas de favoritismo.

Cuando la violencia alcanza a la prensa

Los antecedentes publicados sobre agresiones a trabajadores de prensa son particularmente graves. En febrero de 2021, el periodista Néstor Pavón denunció que allegados al intendente lo golpearon mientras realizaba una transmisión en vivo y le quitaron el celular. En septiembre de 2022, el comunicador Víctor Sayago denunció que dos personas ingresaron a su domicilio, lo golpearon y amenazaron por su trabajo periodístico. En ambos casos, las acusaciones fueron difundidas por medios locales y deben distinguirse de eventuales responsabilidades establecidas judicialmente. 

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A estos episodios se sumaron denuncias contra Rojas por presuntas agresiones y amenazas. En julio de 2023, un exempleado municipal lo acusó de golpearlo y amenazarlo con un arma de fuego. Se trata de señalamientos de gravedad que requieren el correspondiente esclarecimiento judicial. 

La reiteración de estos antecedentes plantea una preocupación que atraviesa a toda la comunidad. Cuando quienes investigan, informan o cuestionan al poder denuncian agresiones, la libertad de expresión deja de ser una consigna abstracta y pasa a ser una condición básica para el control democrático de una gestión.

Tierras para algunos, espera para muchas familias

Otro foco de conflicto es la distribución de terrenos municipales. En marzo de 2026, vecinos denunciaron presuntas irregularidades en el loteo del predio Delchu, un espacio de 4,84 hectáreas que durante años tuvo valor cultural y comunitario. Los reclamos apuntaron a la supuesta adjudicación de parcelas a familiares, funcionarios y allegados al intendente, sin que se conocieran públicamente criterios claros de selección. 

En septiembre, el conflicto volvió a manifestarse con familias que reclamaban acceso a terrenos y exigían conocer cómo se habían realizado las adjudicaciones. Según lo publicado por El Caudillo, nueve familias denunciaron haber quedado fuera de una distribución que habría favorecido a personas vinculadas con el entorno del jefe comunal. 

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En una localidad donde el acceso a la tierra representa una necesidad concreta, la transparencia no puede ser opcional. La publicación del listado de beneficiarios, las condiciones exigidas, los criterios de prioridad y los actos administrativos correspondientes permitiría aclarar si se respetaron reglas equitativas. La necesidad habitacional de una familia no debería pesar menos que sus vínculos con quienes gobiernan.

Ismael “Talo” Cejas, un nombre que vuelve a generar cuestionamientos

Entre las personas señaladas por testimonios vecinales aparece Ismael “Talo” Cejas, a quien los denunciantes vinculan con el entorno del intendente. Según las versiones aportadas para esta nota, Cejas habría recibido un terreno en un predio municipal y tendría funciones laborales vinculadas con el municipio. También se sostiene que cumpliría tareas docentes en un BESPA durante el turno noche. Esos datos requieren documentación que permita confirmar su situación laboral y las condiciones en que habría accedido a la parcela.

La controversia adquiere otra dimensión por las acusaciones que pesan sobre su conducta. Testigos sostienen que Cejas habría agredido a un trabajador de prensa y le habría sustraído el teléfono celular mientras realizaba una cobertura destinada a mostrar problemas de la localidad. El señalamiento es grave y requiere que se identifiquen las actuaciones judiciales correspondientes, si las hubiera, para establecer con precisión qué ocurrió y quiénes participaron.

Los mismos testimonios describen un episodio anterior de violencia familiar. Según ese relato, durante este año Cejas habría llegado alcoholizado al domicilio de su padre, lo habría expulsado por la fuerza, golpeado en la vía pública y quemado sus pertenencias. Los denunciantes aseguran que debió intervenir la Justicia. Sin una resolución judicial o documentación que permita corroborarlo, estos hechos deben permanecer identificados como acusaciones y no como responsabilidades probadas.

Si las adjudicaciones de tierras y los episodios denunciados están vinculados, corresponde que se explique bajo qué criterios se otorgaron los beneficios y qué controles se aplicaron. Si no existe relación entre ellos, la documentación oficial también debería permitir despejar las sospechas.

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Los testimonios vecinales describen un entorno de personas que, según sostienen, se moverían con actitudes intimidatorias y una cercanía al poder que les daría sensación de impunidad. Las expresiones más duras de esos relatos no sustituyen las pruebas, pero sí reflejan el temor y el malestar que dicen experimentar algunos habitantes.

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La responsabilidad política de Rojas no consiste en responder automáticamente por cada acusación dirigida contra una persona cercana. Consiste en garantizar que los recursos municipales se administren con reglas públicas, que las adjudicaciones puedan ser auditadas y que ningún vecino, periodista o trabajador deba temer represalias por reclamar o informar.

El Quebrachal necesita respuestas sobre sus servicios, su infraestructura y las necesidades habitacionales de sus familias. En ese contexto, cada denuncia por presunto favoritismo o violencia compromete la confianza en las instituciones y obliga a exigir explicaciones concretas.

No alcanza con rodearse de funcionarios y colaboradores. Gobernar implica establecer límites, garantizar controles y rendir cuentas. Si la gestión de Rojas considera que las adjudicaciones fueron legítimas y que las acusaciones de violencia carecen de sustento, tiene a su alcance las herramientas institucionales para demostrarlo.

La comunidad merece algo más que versiones cruzadas y promesas. Merece saber quién recibió tierras públicas, por qué las recibió, qué antecedentes tienen las denuncias y qué respuestas dieron las autoridades. La administración municipal no es patrimonio de un grupo ni una extensión de las relaciones personales del intendente. Es una responsabilidad pública que debe ejercerse con transparencia, respeto y rendición de cuentas.