Denuncian que el intendente de El Quebrachal benefició a sus parientes y funcionarios con terrenos fiscales, mientras nueve familias quedaron afuera

La disputa por terrenos municipales volvió a poner al intendente saencista Rolando Rojas en el eje de un posible mal manejo delos recursos municipales. Nueve familias decidieron asentarse hace cinco días en un predio fiscal que, según denunciaron ante El Caudillo, quedó disponible luego de un proceso de adjudicación que habría beneficiado a personas vinculadas al jefe comunal.

Los vecinos sostienen que llevan años reclamando la posibilidad de acceder a un lote y que, pese a esa espera, quedaron afuera de la distribución. La situación generó indignación porque, según relataron, dentro del mismo predio fueron instalados familiares y funcionarios cercanos al intendente.

“Exigimos la misma transparencia”, fue el planteo central de una de las vecinas que dialogó con El Caudillo, quien aseguró que las familias se enteraron de las adjudicaciones cuando los allegados a Rojas ya se encontraban instalados en los terrenos.

La denuncia vecinal apunta directamente al círculo político y familiar del intendente. Entre las personas mencionadas aparecen funcionarios municipales y familiares con cargos dentro de la estructura comunal, entre ellos la directora de Zoonosis y Bromatología y una sobrina de Rojas vinculada a la liquidación de sueldos.

Los vecinos también señalaron el caso de un secretario de una dependencia municipal que, según su relato, ocupa uno de los terrenos y además tendría a su cargo el manejo de una camioneta utilizada por el intendente. La particularidad, según remarcaron, es que se trataría de una persona que vive sola y que no tendría carga familiar, mientras que las familias que reclaman un lote aseguran atravesar una situación habitacional mucho más compleja.

La situación tomó mayor tensión cuando una de las vecinas logró hablar con el hermano del intendente en la vía pública. De acuerdo con su testimonio, hubo un compromiso de buscar una solución, pero al día siguiente las familias recibieron la presencia de efectivos policiales en el predio.

El reclamo también alcanzó a una sobrina del jefe comunal. Los vecinos aseguraron que la mujer ya tendría asignado un lote y que les pidió que no ocuparan ese espacio porque sería destinado a otro familiar. Las familias, según explicaron, respetaron ese terreno y se instalaron en otros espacios que permanecían libres.

Actualmente son nueve las familias que mantienen el reclamo y permanecen en el predio. No plantean solamente la necesidad de conseguir un terreno, solo exigen conocer bajo qué criterios fueron distribuidos los lotes municipales y por qué quienes tienen vínculos con la estructura política del intendente habrían tenido acceso mientras familias que aseguran esperar desde hace años quedaron relegadas.

El conflicto vuelve a poner en discusión el manejo de las tierras fiscales municipales y los criterios utilizados para determinar quiénes pueden acceder a ellas. En el centro de la controversia aparece una acusación política de fondo y que los recursos y bienes municipales podrían estar siendo utilizados para beneficiar al entorno del poder local, mientras quienes no forman parte de ese círculo deben continuar esperando.

Para las familias asentadas, el reclamo es concreto y quieren la misma posibilidad de acceder a un terreno y que la adjudicación se realice con reglas claras, públicas y transparentes.