Denuncian que jefe de la cárcel de Orán obliga a penitenciarios a que le arreglen el techo de su casa

Recursos del Estado, personal penitenciario y una orden de salida con un destino que no sería el verdadero. Una denuncia pone bajo la lupa al jefe de la unidad penitenciaria de Orán, el subprefecto Diego Campos, por utilizar recursos del Servicio Penitenciario para realizar trabajos de mantenimiento en su domicilio particular.

El hecho denunciado habría ocurrido el 22 de septiembre de 2026, durante la mañana. De acuerdo con la documentación y las fotografías aportadas a El Caudillo, personal de mantenimiento de la unidad habría salido durante su horario laboral en un vehículo oficial, con herramientas e insumos del Estado.

La orden de salida consignaba que el destino era el casco céntrico. Sin embargo, según la denuncia, el traslado habría terminado en el domicilio particular de Campos, donde se habrían realizado trabajos de mantenimiento en el techo de su vivienda.

Entre los elementos que habrían sido trasladados para realizar las tareas aparecen escaleras, un soplete y garrafas de gas, además de herramientas y otros recursos pertenecientes al Estado.

No se trata simplemente de que un funcionario utilice un recurso oficial para una cuestión personal. La denuncia sostiene que personal del Servicio Penitenciario habría sido destinado durante su horario de trabajo a realizar tareas particulares en la vivienda de su superior. ¿Quién autorizó que trabajadores penitenciarios fueran enviados a arreglar la casa particular del jefe?

Si esto se confirma, habrá que determinar quién confeccionó y autorizó esa orden de salida, qué información contenía y por qué el destino consignado no coincidiría con el lugar donde se utilizó el vehículo y los recursos oficiales.

La situación podría derivar en responsabilidades administrativas y, eventualmente, en una investigación judicial para determinar si los hechos encuadran en alguna de las figuras previstas por el Código Penal.

Entre ellas aparece el artículo 261, que contempla el uso en provecho propio o de un tercero de trabajos o servicios pagados por una administración pública. También deberán analizarse, si correspondiera, las circunstancias vinculadas con la documentación oficial y el eventual abuso de autoridad.

¿Enrique Daniel Torres, Director General del Servicio Penitenciario de Salta, estaba al tanto de esta situación? Porque si el hecho ocurrió tal como fue denunciado, no alcanza con determinar quién dio la orden. También será necesario establecer cómo funcionan los controles internos de una institución cuyos recursos son financiados por todos los salteños.