Más de 300 cargos en una escuela "fantasma" de Castañares, funcionarios involucrados, cargos absurdos y una Ministra que sigue como si nada

Lo que comenzó como una denuncia por una supuesta escuela sin alumnos terminó convertido en uno de los mayores interrogantes que enfrenta hoy el Ministerio de Educación de Salta. En el centro aparece la Unidad Educativa N° 7160, se trata de la estructura denunciada como una escuela sin edificio propio, sin matrícula de alumnos y con más de 300 cargos asignados, que figura administrativamente en barrio Castañares, en el domicilio donde hoy funciona la Comisaría del Menor desde hace más de dos décadas, que según la propia cartera educativa actualmente no tiene matrícula y que llegó a concentrar, de acuerdo con la documentación aportada por la denunciante, más de 300 cargos.

La explicación oficial sostiene que esos cargos no son ficticios sino pertenecen a una estructura creada legalmente y fueron utilizados para reubicar trabajadores en otras escuelas, programas y dependencias. La denuncia, en cambio, plantea interrogantes sobre la forma en que se realizaron las designaciones, el procedimiento utilizado, el destino de los salarios y la identidad y funciones reales de quienes aparecen vinculados con la 7160.

Ahora la palabra la tiene la Justicia.

Y mientras la Fiscalía de Delitos Económicos intenta reconstruir el recorrido de esos cargos, una pregunta atraviesa todo el expediente: ¿cómo pudo una estructura educativa que no tiene alumnos terminar concentrando semejante cantidad de designaciones sin que el problema fuera advertido antes?

2004: el origen de la 7160

La Unidad Educativa N° 7160 fue creada en 2004 mediante el Decreto 795, dentro del sistema de regímenes especiales. Su nacimiento tuvo una explicación concreta: el crecimiento de la matrícula de la Unidad Educativa N° 7042 “Rosa V. Pelletier”, que atendía a niños, niñas y jóvenes judicializados y a mujeres alojadas en establecimientos penitenciarios.

El decreto original autorizó el funcionamiento de la nueva Escuela de Educación Especial y le asignó inicialmente 22 cargos dentro de su Planta Orgánica Funcional. La documentación oficial de la provincia registra posteriormente a la 7160 con domicilio en la Comisaría del Menor de Castañares.

Es decir: la 7160 no nació como una escuela inventada en 2026. Tiene un origen administrativo real y documentado.

Pero allí empieza también el largo recorrido que terminaría convirtiéndola, más de veinte años después, en el epicentro de un escándalo.

Con el paso de los años: una estructura que cambió de función

Según la explicación brindada ahora por Cristina Fiore, la unidad comenzó atendiendo educación en contexto de encierro y luego pasó a funcionar como una especie de estructura de respaldo para absorber y redistribuir cargos.

La ministra explicó que después del fallo de la Corte Suprema que impidió la enseñanza religiosa dentro del horario formal de las escuelas públicas, en 2019 se buscó reconvertir parte de los cargos de quienes se desempeñaban como maestros de religión.

Según su versión, algunos fueron capacitados para cumplir tareas docentes, administrativas o vinculadas a programas específicos y esos cargos quedaron asociados administrativamente a la 7160 mientras sus titulares prestaban servicios en otros lugares.

La explicación oficial agrega otro dato: desde 2014, unas 66 unidades educativas habrían dejado de funcionar por falta de matrícula, pero sus cargos no necesariamente desaparecieron. En determinados casos, fueron utilizados para cubrir necesidades de personal en otras instituciones.

Hasta ahí, la explicación parece administrativa.

El problema aparece cuando la lupa se posa sobre cómo se hizo ese proceso, quiénes fueron designados, cuándo, bajo qué procedimiento y dónde terminaron efectivamente trabajando.

12 de agosto: la denuncia que abrió la puerta

El 12 de agosto de 2026, la docente Celia Alancay presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Cerrillos contra la ministra Cristina Fiore y el secretario de Gestión Educativa Alejandro Williams Becker.

El planteo cuestionaba la existencia y funcionamiento de la 7160 y denunciaba más de 300 designaciones vinculadas con la institución.

Según la denuncia, la unidad no tendría edificio escolar, matrícula de alumnos ni una estructura educativa funcionando de manera convencional. También se cuestionó que los nombramientos no hubieran seguido los mecanismos habituales de evaluación y selección mediante la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.

La denuncia fue todavía más lejos: sostuvo que entre los nombres aparecían personas que no serían docentes, familiares, integrantes de la Asociación Docente Provincial y personal administrativo, además de posibles situaciones de superposición de cargos.

Todo eso, claro, deberá ser probado.

Pero desde ese momento la pregunta dejó de ser política y pasó a ser también judicial.

20 de agosto: la Fiscalía empieza a preguntar

Ocho días después de la denuncia, el 20 de agosto, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió información al Ministerio de Educación.

La Fiscalía pidió determinar si la Unidad Educativa N° 7160 existía, si estaba funcionando y cuál era su estructura actual.

También solicitó el instrumento administrativo mediante el cual fue creada y el detalle de su estructura, con el objetivo de reconstruir el funcionamiento de la institución y establecer el destino de los recursos públicos vinculados con ella.

La causa ya no era una discusión entre docentes y funcionarios.

Había entrado oficialmente a la Justicia.

Septiembre: aparece la lista y el escándalo deja de ser abstracto

Durante septiembre comenzaron a circular documentos y nóminas vinculadas con la 7160.

La denuncia hablaba de más de 300 personas. El Ministerio posteriormente bajaría esa cifra y Fiore diría que actualmente serían entre 200 y 230.

La diferencia no es menor.

Porque el número exacto de personas, sus cargos, sus fechas de designación, sus salarios y sus lugares reales de trabajo son precisamente algunos de los elementos que la Justicia deberá reconstruir.

También aparecieron cuestionamientos sobre designaciones registradas durante febrero y marzo de 2026, un punto particularmente sensible porque la defensa oficial sostiene que se trata de cargos históricos reutilizados y no de nombramientos ficticios.

Y entonces apareció la pregunta más incómoda de todas:

si los cargos fueron simplemente “reabsorbidos” y utilizados en otros establecimientos, ¿por qué continuaron apareciendo asociados a una unidad que no tenía alumnos?

11 de septiembre: Williams Becker reconoce un dato clave

El 11 de septiembre, el secretario de Gestión Educativa Alejandro Williams Becker salió públicamente a responder.

Y su explicación aportó un dato que terminó alimentando todavía más la controversia.

El funcionario reconoció que la 7160 existe administrativamente pero que actualmente no tiene alumnos. Explicó que forma parte de un grupo de alrededor de 60 unidades educativas que no tienen matrícula y sostuvo que sus cargos son reabsorbidos y redistribuidos según las necesidades del sistema.

La cuestión quedó entonces planteada de una manera mucho más concreta.

La escuela existe en los registros.

No tiene alumnos.

El propio Gobierno admite que los cargos asociados pueden estar siendo utilizados en otros lugares.

Y la denuncia sostiene que hay cientos de personas vinculadas a esa estructura.

¿Quiénes son? ¿Dónde trabajan? ¿Quién los designó? ¿Quién autorizó esas designaciones? ¿Quién controla que efectivamente cumplan funciones?

Son preguntas que no se responden simplemente diciendo que la estructura fue creada por decreto.

La explicación oficial empieza a cambiar el eje

La defensa del Ministerio comenzó a girar alrededor de un argumento: no existiría una “escuela fantasma”, sino una estructura administrativa utilizada durante años para conservar y redistribuir cargos.

La cartera educativa explicó que la baja de matrícula, la migración interna y la caída de la natalidad provocaron que distintas escuelas quedaran sin alumnos, pero que los cargos siguieran ligados administrativamente a esas unidades.

Según Educación, cuando eso ocurre, los trabajadores pueden ser reubicados en instituciones que necesitan personal.

El problema es que esa explicación no elimina el interrogante central de la denuncia.

Lo que ahora debe demostrarse es que detrás de cada cargo existe una persona real, que esa persona presta efectivamente un servicio, que fue designada mediante un procedimiento válido y que el dinero público que percibe corresponde a una función efectivamente realizada.

Eso es precisamente lo que deberá determinar la investigación.

21 de septiembre: finalmente habla Fiore

Y aquí aparece uno de los puntos políticamente más sensibles del caso.

La denuncia había sido presentada el 12 de agosto.

La Fiscalía había requerido información al Ministerio el 20 de agosto.

Williams Becker había salido públicamente a responder el 11 de septiembre.

Pero la primera respuesta pública directa de Cristina Fiore que aparece en las fuentes relevadas sobre la denuncia se registra el 21 de septiembre, cuando la ministra habló con Aries.

Su definición fue categórica:

“No hay ninguna escuela fantasma, no hay cargos truchos ni nada por el estilo”.

Fiore sostuvo que las personas cuestionadas están trabajando y que los cargos corresponden a estructuras que quedaron disponibles tras el cierre de establecimientos y fueron reutilizados para cubrir necesidades en otros lugares.

Hasta allí, una defensa administrativa.

Pero la ministra también decidió poner el foco sobre la denunciante.

Explicó que Alancay había sido cesanteada después de acumular más de 150 días de inasistencias injustificadas y mencionó además una denuncia vinculada, según su versión, con la promoción de apuestas entre estudiantes.

Y remató con una frase de fuerte contenido político:

“Parece que los años políticos se han adelantado”.

El problema es que los antecedentes laborales de quien denuncia no responden por sí mismos qué ocurrió con los cargos denunciados.

Una cosa es discutir la situación disciplinaria de una docente.

Otra muy diferente es determinar si las designaciones denunciadas fueron realizadas conforme a la normativa y si cada persona que figura en las listas efectivamente cumple funciones por las que cobra del Estado.

La defensa de Fiore abre nuevas preguntas

El 26 de septiembre, en una entrevista publicada por El Tribuno, Fiore profundizó su explicación.

Dijo que la 7160 comenzó como una unidad vinculada con educación en contexto de encierro, que luego fue trasladada a la Comisaría del Menor de Castañares y que terminó funcionando como una “rueda de auxilio” del sistema educativo.

Afirmó además que actualmente serían entre 200 y 230 las personas comprendidas en esa estructura y que aproximadamente el 75% tendría más de cinco años de antigüedad.

Pero hubo un reconocimiento particularmente importante.

La propia ministra afirmó que el 18 de mayo de este año el Ministerio inició un expediente para disolver la 7160 y transferir formalmente los cargos a los lugares donde realmente trabajan las personas.

Es decir: el Gobierno sostiene que los trabajadores existen y trabajan, pero al mismo tiempo reconoce que la situación administrativa debía ser corregida y que los cargos debían dejar de permanecer asociados a la 7160.

¿Por qué?

Porque, según la propia explicación oficial, una persona puede estar trabajando en un jardín, un programa o una dependencia estatal mientras su cargo continúa apareciendo bajo la estructura de la 7160.

La ministra lo presenta como un problema histórico de organización administrativa.

La denuncia pregunta si detrás de esa desorganización puede haber algo más.

Y eso es lo que deberá establecer la Justicia.

El dinero: otra pregunta que quedó sobre la mesa

Fiore también aportó un dato económico: señaló que cada uno de esos cargos ronda los 700 mil pesos y que la 7160 tiene un presupuesto asignado.

La funcionaria aseguró que el objetivo es que los cargos queden donde efectivamente se presta el servicio y que los anteriores sean anulados.

Pero esa afirmación abre otra pregunta inevitable:

si el Estado ya sabía que esos trabajadores estaban desempeñándose en otros lugares, ¿por qué durante años los cargos continuaron formalmente asociados a una estructura que no cumplía la función educativa original?

Y si el mecanismo era legal y habitual, ¿por qué recién ahora se impulsa la disolución y transferencia formal?

Son interrogantes, no conclusiones.

Pero son interrogantes que nacen de la propia explicación oficial.

La cuestión de los 66 establecimientos

Fiore introdujo además otro elemento de enorme importancia.

Según explicó, desde 2014 unas 66 unidades educativas dejaron de funcionar por falta de matrícula. Sin embargo, aclaró que eso no significa necesariamente que hayan sido cerradas mediante un decreto específico.

Incluso reconoció que puede ocurrir que una escuela permanezca durante años sin alumnos y continúe figurando administrativamente.

Esto amplía todavía más el problema.

Porque si el caso de la 7160 es solamente una consecuencia de un mecanismo general de reubicación de cargos, entonces la investigación podría terminar arrojando luz sobre todo un sistema de unidades educativas sin matrícula cuyos cargos permanecen administrativamente activos.

La propia cartera educativa reconoció que existen decenas de situaciones similares.

Los nombres que empezaron a aparecer

La controversia no quedó limitada al número de cargos.

La documentación difundida y las declaraciones de la denunciante mencionaron personas vinculadas con la ADP, familiares, personal administrativo y otros casos que, según la denunciante, merecen ser revisados.

Fiore negó específicamente que la hija del secretario general de la ADP, Fernando Mazzone, tuviera una designación en la 7160 y explicó que existen convenios históricos entre el gremio y el Ministerio para jardines de infantes, por los cuales docentes vinculados con esos espacios podrían figurar administrativamente bajo determinadas estructuras.

Nuevamente: la existencia de un nombre en una nómina no demuestra por sí misma una irregularidad.

Lo que corresponde establecer es por qué figura allí, quién lo designó, qué función cumple, dónde trabaja y quién paga su salario.

29 de septiembre: una explicación que abre otro frente

La explicación de Fiore sobre los antiguos cargos de religión generó además otro cuestionamiento.

La ministra había explicado que algunos docentes que quedaron afectados por el cambio derivado del fallo de la Corte Suprema fueron capacitados y posteriormente reconvertidos para desempeñar tareas docentes o administrativas.

A partir de esa explicación surgieron cuestionamientos sobre casos de trabajadores con formación o cargos originales vinculados a religión que habrían pasado a cumplir funciones en otras áreas.

Otra vez, la discusión vuelve al mismo punto:

¿qué procedimiento se utilizó para convertir esos cargos y asignar nuevas funciones?

30 de septiembre: aparece un funcionario municipal en la nómina

Cuando parecía que el caso ya había alcanzado su techo, apareció un nuevo nombre.

Según una publicación de Opinorte del 30 de septiembre, Gustavo Torres Álvarez, secretario de Acción y Desarrollo Social de Campo Quijano, figura en la nómina vinculada con la 7160 como maestro especial del turno mañana, con 15 horas y una fecha de ingreso del 19 de febrero de 2026.

La aparición del funcionario municipal motivó que la concejal Lorena Torres solicitara informes al intendente Lino Yonar y al Ministerio de Educación para conocer la situación laboral y administrativa del agente.

Y mientras tanto, la Justicia espera las respuestas

El Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente que la investigación continúa.

La UDEC pidió al Ministerio de Educación información sobre la existencia, funcionamiento y estructura de la 7160, además del instrumento administrativo de creación y el detalle de su estructura actual.

La fiscalía busca establecer si existió un perjuicio para la administración pública y cuál fue el destino de los recursos vinculados con la unidad educativa.

Fiore aseguró que entregará toda la documentación oficial: listados, designaciones y planillas de asistencia.

Y dejó una frase que, paradójicamente, resume el corazón de todo el escándalo:

“A mí me corresponde ahora demostrar ante la Justicia todo lo que estoy explicando. Tengo la documentación y no tengo nada que esconder”.

Entonces, que aparezcan los papeles, que se conozca quiénes integran la nómina, se sepa cuándo fueron designados, que se determine quién firmó, que se establezca dónde trabaja cada uno, que se conozca cuánto cobra cada persona, que se compruebe qué función cumple y sobre todo, que se determine por qué durante años una estructura educativa sin matrícula pudo continuar acumulando cargos mientras el propio Ministerio reconoce que ahora necesita disolverla y transferirlos.